
Durante la madrugada del martes 12 de mayo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público realizaron un allanamiento en la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, como parte de una investigación por presuntos cobros irregulares a comerciantes ambulantes y posibles actos de corrupción dentro de la municipalidad. Además, se dio a conocer la detención de varios funcionarios municipales en el marco de estas diligencias.
El fiscal adjunto provincial de Lima, Carlos Angelino Córdova, señaló que esta intervención corresponde a un operativo encabezado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú.
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Como parte del operativo, se dispuso la detención preliminar por 15 días de 14 presuntos miembros de la organización criminal denominada “Los Pulpos de La Victoria”.
De acuerdo con la tesis fiscal, esta red habría comenzado a operar en 2023 dentro del área de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, donde presuntamente se coordinaban intervenciones para recuperar espacios públicos en zonas comerciales del Emporio Comercial de Gamarra. El objetivo era principalmente en los sectores Damero A y B, con el objetivo de liberar esos espacios, dividirlos y posteriormente volver a asignarlos a comerciantes ambulantes a cambio de dinero.
Según las indagaciones, los comerciantes que buscaban ocupar estos puestos informales debían desembolsar entre S/1.000 y S/5.000, además de realizar pagos semanales y aportes diarios que fluctuaban entre S/10 y S/20, según el tamaño del espacio utilizado. La Fiscalía calcula que esta presunta organización habría obtenido cerca de S/75 millones mediante este esquema ilícito.
En el caso del alcalde Rubén Cano, el Ministerio Público sostiene que habría facilitado el ingreso de determinadas personas al área de fiscalización del municipio en coordinación con funcionarios de su entorno de confianza. Sobre el burgomaestre, se rechazó la detención preliminar, pero se aprobó el allanamiento.
Las indagaciones también involucran al gerente de Fiscalización, al subgerente de Fiscalización de Rentas y al responsable del Centro de Comunicaciones del municipio, quien habría estado encargado de recopilar y revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del distrito.
Al respecto, la Fiscalía alertó sobre la desaparición parcial de grabaciones de video luego de operativos policiales y denuncias presentadas por ciudadanos. Al revisar el centro de monitoreo municipal, se detectó que no existía el registro completo de determinados días y horarios en los que aparecían presuntos fiscalizadores vinculados al cobro de cupos.
De acuerdo con la tesis fiscal, la organización operaba bajo un esquema estructurado: primero se realizaban desalojos de vendedores ambulantes, luego se redistribuían los espacios recuperados y finalmente estos eran entregados nuevamente a comerciantes, quienes quedaban sujetos a pagos permanentes.





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