
Con el 60% de actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 ubican a Keiko Fujimori en el primer lugar con 16,881 %, seguida por Rafael López Aliaga en el segundo puesto con 13,822%, mientras que Jorge Nieto se posiciona en el tercer lugar con 12,485%; además, este lunes se completó la votación en las mesas que no pudieron instalarse el domingo 12 de abril por problemas logísticos, dando por finalizada la jornada electoral a nivel nacional.
De acuerdo con el último reporte de la ONPE, el liderazgo de Keiko Fujimori se consolida en esta etapa del conteo, marcando una ventaja importante sobre sus competidores directos. En tanto, Rafael López Aliaga se mantiene en el segundo lugar, en una posición expectante de cara a una eventual segunda vuelta.
La segunda vuelta electoral en Perú se realiza cuando ninguno de los candidatos a la presidencia alcanza más del 50% de los votos válidos en la primera votación. De acuerdo con el cronograma oficial de las Elecciones Generales 2026, este proceso está previsto para llevarse a cabo semanas después de la jornada inicial, permitiendo que los dos candidatos más votados compitan directamente por la presidencia.
En ese sentido, la fecha para la segunda vuelta en Perú es el domingo 7 de junio de 2026, siguiendo el calendario habitual establecido por los organismos electorales. Durante este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza una nueva jornada de votación a nivel nacional, en la que los ciudadanos vuelven a acudir a las urnas para definir al próximo presidente de la República
El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:
Este cálculo se determina automáticamente con base en los datos del INEI y la dirección registrada en el DNI del ciudadano.
No acudir a votar en las Elecciones Generales 2026 no solo implica una multa económica, sino también una serie de restricciones que pueden afectar distintos trámites en el país. En Perú, el voto es obligatorio, por lo que la omisión queda registrada y genera consecuencias que van más allá de una simple sanción monetaria.
Si el ciudadano decide no pagar la multa tras no haber votado, no solo acumula una deuda, sino que también enfrenta limitaciones para realizar gestiones ante el Estado.
Entre las principales consecuencias están:





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