
El gobernador regional de Cusco, Wener Salcedo, anunció en conferencia de prensa que su gestión presentará un recurso de nulidad contra el laudo arbitral emitido por la Cámara de Comercio de Lima, que amplía la administración del hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu a favor de la empresa Belmond hasta febrero de 2028. La autoridad sostuvo que el fallo carece de una debida motivación y afecta los intereses del Estado.
Salcedo explicó que la Procuraduría Regional seguirá una ruta legal que incluye solicitar la rectificación, aclaración o integración del laudo, para luego interponer el recurso de anulación ante la sala comercial competente del Poder Judicial. “La base para esta anulación sería la falta de motivación o una motivación incompleta en el laudo, causales previstas en la ley”, precisó.
Durante su pronunciamiento, el gobernador también cuestionó la imparcialidad de la Cámara de Comercio de Lima. “Considero que hay un sesgo cuando quien dirige la Cámara es candidato de un partido político que tiene intereses vinculados”, afirmó, aludiendo a su presidente, Roberto de la Tore Aguayo, y sus presuntos vínculos con Renovación Popular.
Asimismo, destacó que su gestión ha fortalecido la defensa legal del Gobierno Regional mediante la designación de un procurador permanente. Indicó que esta institucionalidad permitirá enfrentar con mayor solidez procesos complejos como el arbitraje con Belmond, cuyo origen se remonta a decisiones adoptadas por exautoridades años atrás.
Salcedo también recordó que existió un intento de solución extrajudicial con la empresa, que incluía la reversión de terrenos y otros acuerdos, pero este no prosperó debido a cambios en las condiciones planteadas por la concesionaria. Añadió que estos antecedentes forman parte del contexto que hoy es materia de controversia.
En otro momento, criticó decisiones judiciales previas relacionadas al caso y dejó entrever posibles conflictos de interés en algunos magistrados. En ese sentido, sostuvo que la situación evidencia la necesidad de una reforma en el sistema de justicia para garantizar imparcialidad en fallos de alto impacto público.
Finalmente, advirtió que el laudo podría sentar un precedente peligroso para futuras concesiones en el país. “¿Qué significa esto? ¿Que mañana PerúRail va a venir a pedir ampliaciones alegando pérdidas por la pandemia o conflictos sociales?”, cuestionó. Según dijo, permitir este tipo de argumentos podría afectar gravemente la gestión de bienes públicos y contratos del Estado.





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