Defensoría del Pueblo: sindicato rechaza apoyo institucional a Vladimir Cerrón y pide renuncia de funcionarios

El sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo rechazó el respaldo institucional brindado a Vladimir Cerrón mediante un amicus curiae y exigió la renuncia de los funcionarios involucrados. En el pronunciamiento público, también cuestionaron la intervención en el caso de Daniel Urresti, al considerar que estas acciones desnaturalizan el rol de la entidad.

“La misma Defensoría que intervino ante la Corte IDH para sostener la imprescriptibilidad de estos crímenes prestó su legitimidad institucional para habilitar la impunidad”, se lee en el documento.

El documento, emitido el 1 de abril, señaló que la institución dejó de actuar con independencia y pasó a favorecer intereses políticos. Según el gremio, esto contradice el mandato constitucional que obliga a la Defensoría a proteger a la ciudadanía frente a abusos del poder estatal.

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El sindicato advierte que el caso de Cerrón resulta especialmente grave por el vínculo previo del actual defensor, Josué Gutiérrez, con el líder de Perú Libre. Recuerdan que fue su abogado y que luego se afilió a dicho partido. Para los trabajadores, esta relación debió impedir cualquier intervención institucional en su favor.

“El Defensor fue abogado personal de Cerrón desde julio de 2021, se afilió a Perú Libre en enero de 2022 y fue propuesto por ese partido para el cargo. Intervenir como amicus en favor de su ex cliente sin abstenerse constituye, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, la situación paradigmática en que el interés subjetivo invalida la condición de amicus”, precisan.

Y añaden que “el conflicto de intereses no es un tecnicismo: es una violación de los principios que rigen la función del Defensor”.

Sobre el caso Urresti, cuestionan que la Defensoría haya presentado argumentos que contribuyeron a que el Tribunal Constitucional declare la prescripción del proceso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. A su juicio, esto va en contra de la línea histórica del propio organismo en defensa de los derechos humanos.

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Crisis institucional y riesgo internacional en la Defensoría del Pueblo

El pronunciamiento sostiene que no se trata de hechos aislados. El sindicato afirma que existe un patrón de decisiones que favorecen a personas investigadas o condenadas por delitos graves. Esta situación, advierten, configura una captura de la Defensoría del Pueblo.

Los trabajadores también alertan sobre el impacto interno. Señalan que la pérdida de credibilidad afecta directamente su labor diaria. Explican que atienden casos de ciudadanos vulnerables y que la desconfianza debilita sus gestiones frente a entidades del Estado.

“No a los poderosos que disponen de los mejores abogados del país. No a los prófugos de la justicia. Sí a los ciudadanos ordinarios, a los hombres, mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia, a los pueblos indígenas, a los migrantes. Ellos son los dueños de esta institución”, sentencian.

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Otro punto crítico para el gremio es la revisión iniciada por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Este proceso podría retirar la acreditación “A” de la Defensoría. De ocurrir, el Perú perdería representación en espacios internacionales como el sistema de Naciones Unidas.

El sindicato hizo un llamado a la ciudadanía y a la comunidad internacional. Piden tomar acciones para recuperar la independencia de la institución.

También expresan respaldo a los trabajadores que han denunciado estos hechos, pese a posibles represalias.

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Situación jurídica de Vladimir Cerrón: procesos abiertos, clandestinidad y decisiones del TC

La situación legal de Vladimir Cerrón se mantiene compleja y abierta. El líder de Perú Libre continúa en condición de prófugo desde 2023, luego de que se dictara una orden de prisión en su contra. Su salida de la vida pública se produjo tras una condena vinculada al caso Aeródromo Wanka, lo que lo llevó a pasar a la clandestinidad para evitar su captura.

A pesar de algunas decisiones judiciales favorables, su panorama no se ha resuelto. El Poder Judicial ha precisado que la absolución en uno de sus procesos no modifica su situación en otros casos donde aún enfrenta medidas restrictivas, incluida prisión preventiva. Esto implica que sigue bajo requerimientos judiciales en investigaciones por presunta organización criminal y lavado de activos.

En paralelo, el Tribunal Constitucional evalúa recursos presentados por su defensa para anular la prisión preventiva. Uno de los hábeas corpus busca que afronte el proceso en libertad. De acuerdo con reportes periodísticos, este fallo podría redefinir su situación jurídica, aunque no elimina las investigaciones en curso.

Además, Vladimir Cerrón ha impulsado acciones legales contra el Estado. En 2026 presentó una demanda por más de S/ 8 millones por presuntos daños derivados de procesos judiciales previos. Sin embargo, esta estrategia ocurre mientras permanece no habido, lo que refuerza la contradicción entre su defensa legal activa y su condición de prófugo de la justicia.