
La decisión del gobierno de José Antonio Kast de construir una zanja y otras barreras físicas en la frontera con Tacna como parte del llamado ‘Escudo Fronterizo’ ha puesto de nuevo en el debate cómo deben ser las políticas de control migratorio en la región. La iniciativa busca reforzar la vigilancia en la zona limítrofe con Perú para frenar el ingreso irregular de migrantes.
El proyecto contempla la excavación de zanjas y la instalación de infraestructura de seguridad en sectores de la frontera norte de Chile. Desde el Ejecutivo chileno se ha señalado que la medida pretende cerrar pasos informales utilizados por redes de tráfico de personas y contrabando.
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Para el excanciller Manuel Rodríguez Cuadros, la construcción de la zanja corresponde a una decisión interna de Chile y no debería generar un conflicto diplomático con el Perú.
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“Estrictamente la construcción de la zanja es una medida de carácter interno que se adopta conforme a la legislación chilena dentro de su territorio y consecuentemente es un acto de jurisdicción propia que no afecta al Perú”, señaló a La República.
No obstante, el diplomático subrayó que el único límite es que la obra no altere la línea fronteriza ni genere presión sobre el territorio peruano. En ese sentido, consideró que lo más importante es mantener mecanismos de cooperación entre ambos países. “Lo que debería haber es un intercambio de información permanente para que los servicios de migraciones y las policías de los dos países estén coordinados ante eventuales situaciones en la frontera”, agregó.
La socióloga chilena y experta en seguridad Lucía Dammert también se refirió al proyecto y lo vinculó con políticas migratorias promovidas anteriormente por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
“(Kast) ya viene desde la época de Trump I, donde también Trump estaba bien concentrado en lo de la zanja”, señaló en declaraciones a Tele13 Radio.
Dammert planteó además dudas sobre la viabilidad de la medida en el contexto económico actual. “Hay tres cosas que me parecen importantes: uno es saber cuánto nos cuesta la zanja, dado que estamos con restricciones económicas, y mover a los militares para allá”, sostuvo, al cuestionar los recursos que implicaría mantener este tipo de infraestructura en la frontera.





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