
La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, se presentó ante el Congreso de la República para participar en la sesión plenaria en la que se debatirá y votará el informe final que recomienda inhabilitarla —nuevamente— por diez años. Durante su intervención, Espinoza aseguró que el Congreso ha actuado en su contra porque, al cumplir con su labor como fiscal, puede resultar inconveniente para ciertos parlamentarios.
“Si tanto respetan la separación de poderes, respeten la autonomía del Ministerio Público. Respeten la autonomía de la persecución del presunto delito. No castiguen a quien está haciendo su labor para que la población pueda tener seguridad jurídica. Si me quieren sancionar por eso, me lo llevaré como un galardón más. Ya fue vergonzosa la actuación de este pleno en diciembre, cuando me defenestraron. No convengo a muchos porque necesitan impunidad”.
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Además, Espinoza señaló que la acusación impulsada desde la Comisión Permanente del Congreso presenta contradicciones. La exfiscal consideró que este nuevo intento de imponerle una inhabilitación forma parte de un acoso sistemático por parte del Parlamento en su contra.
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“Si dicen que no he vulnerado los artículos 159 y 158 de la Constitución, ¿cómo pueden afirmar que con mi denuncia constitucional los he puesto en riesgo? Señores, leyes como las que han venido aprobando no le están haciendo un bien a la población en general. Lo que están haciendo es una persecución política”.
El Pleno del Congreso de la República, dirigido por su Mesa Directiva, se encuentra reunido este 12 de marzo para debatir la acusación constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza.
El documento propone rechazar la solicitud de nulidad presentada por la denunciada; sin embargo, también plantea su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años. La recomendación se sustenta en presuntas infracciones a la Constitución, además de la imputación del delito de abuso de autoridad.
Anteriormente, Espinoza ya ha sido inhabilitada por diez años. En caso de que el informe sea aprobado por el Pleno, la magistrada quedaría impedida de continuar en la función pública por segunda vez.
Durante esta misma sesión, el Congreso también debatirá la presentación de los resultados de una investigación parlamentaria relacionada con presuntos beneficios otorgados a empresas de origen chino.





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