
En abril próximo se cumplirán dos años de la muerte digna de la psicóloga Ana Estrada, quien a sus 47 años se convirtió en la primera paciente en someterse a la eutanasia en el Perú. Logró este precedente tras un largo proceso judicial que tuvo que afrontar con un mal incurable, autoinmune y degenerativo (polimiositis) que debilitaba sus músculos, pero no su mente.
Pues bien, su legado ha abierto ahora la posibilidad de que un partido político incluya la aplicación de la muerte asistida de los enfermos terminales en la actual campaña electoral.
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Cooperación Popular, que lleva como candidato presidencial al excongresista Yonhy Lescano, es la única agrupación política de las 36 habilitadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que plantea la práctica de la eutanasia debidamente probada en pacientes desahuciados con sufrimiento extremo.
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“(De llegar a ser gobierno), se pedirá facultades al Congreso de la República para legislar, excepcionalmente, sobre esta materia en agosto del 2026. Los enfermos terminales son una realidad y debe dárseles atención”, expone Cooperación Popular en su plan de gobierno.
Al respecto, el exadjunto de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, quien fue también miembro del equipo legal de Ana Estrada, consideró importante que, por lo menos, un candidato, y su respectivo partido, se haya interesado en el tema al tratarse de derechos humanos.
“Justamente uno de los aspectos que Ana deseaba era que su caso abriera la puerta para proteger los derechos de otras personas que se encuentran en una situación similar a ella. Y una de las vías era legislar”, dijo.
Castillo explicó que la eutanasia -procedimiento en el cual se aplica una sustancia, por vía intravenosa, que causa la muerte del paciente terminal- está penalizada bajo la figura de homicidio piadoso en el Código Penal. Debido a ello, agregó, es necesario que exista una legislación que esté acorde con el ejercicio correcto del derecho a una muerte digna para evitar el sufrimiento y dolor innecesarios.
“(Antes del precedente que generó el caso de Ana Estrada), no existía marco legal, por lo que se tuvo que litigar y, tras protestas, se logró un fallo, después de tres años, en la Corte Suprema. La legislación de la eutanasia, con informes médicos contundentes, evitarían juicios largos y costosos”, indicó.
La propuesta de Cooperación Popular también podría atender casos, como el de la ciudadana María Benito, quien en mayo del 2024 también ejerció a su derecho de una muerte digna al ser desconectada del respirador mecánico que prolongaba su vida artificialmente.
Ella, a sus 66 años, padecía una esclerosis lateral amiotrófica que la postró en cama y le arrebató sus facultades por 10 años. Su partida, bajo dicho procedimiento médico y el acceso a cuidados paliativos, se aplicó tras una decisión judicial.
“El caso de María Benito es un precedente sobre el rechazo a recibir tratamiento médico que era su deseo. Con esto, la muerte se produce por el curso de la enfermedad, a diferencia de la eutanasia. Este procedimiento es un derecho contemplado por la Ley General de Salud. Sin embargo, médicos o instituciones, como EsSalud, no cumplen con los deseos de la persona y deben acudir a la vía judicial”, explicó Castillo.
Por eso, sostuvo el exadjunto de la Defensoría, es importante que todos estos supuestos estén contenidos en una ley clara que, precisamente, sea una garantía para el ciudadano.
Según la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, es importante que la aplicación de la eutanasia se coloque en el debate público porque los seres humanos tienen el derecho de decidir hasta cuándo resistirán el dolor. “Debemos hacer frente a esos grupos conservadores, a quienes no les importan los derechos humanos”, respondió.
La Conferencia Episcopal Peruana se opone a la eutanasia. “La vida humana, incluso en su condición dolorosa, es portadora de una dignidad que debe respetarse siempre”, dijo en el 2024.
En el 2021, el Colegio Médico del Perú aclaró que no respalda la eutanasia. “La ortotanasia es la correcta actuación de los médicos ante la muerte de un enfermo que está en fase terminal, haciendo énfasis en los cuidados paliativos”.
En la región, Colombia es el único país en donde se aprobó la aplicación de la eutanasia.





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