
A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, más del 45% de peruanos aún no define su voto y busca información sobre los candidatos en carrera. En ese contexto, tras revisar las declaraciones juradas presentadas por los postulantes de las distintas organizaciones políticas, La República identificó que diversos candidatos cuentan con 485 sentencias.
El registro se hizo entre los postulantes a diputados, senadores y parlamento andino. Las sentencias son civiles y penales. El primer tipo engloba las condenas familiares, alimentarias, laborales y contractuales; mientras que en el segundo grupo son por delitos de corrupción como peculado, negociación incompatible, defraudación, peligro común, contra la fe pública, apropiación ilícita y hasta lesiones dolosas.
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Luego de la revisión en el portal de Plataforma Electoral, se verificó que el partido que lleva más candidatos con sentencias en su pasado es Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña. La organización política cuenta con 53 postulantes con condenas: 32 de ellas pertenecen a los que aspiran a diputados, 1 al Parlamento Andino y 20 a senadores.
El segundo en la lista es Fuerza Popular de Keiko Fujimori con 32. El partido fujimorista cuenta con 21 condenas de candidatos a diputados y 11 a senadores.
El tercero es Podemos Perú, del actual congresista y candidato presidencial José Luna Gálvez. El partido lleva aspirantes a diputados con 21 sentencias, 2 a parlamentarios andinos y 10 a senadores con condenas en sus antecedentes. En total, son 33.
El cuarto es Perú Primero, de los hermanos Martín y Mario Vizcarra. El partido que en su momento llevaba al sentenciado expresidente como candidato presidencial cuenta con 29 con sentencias entre sus postulantes: 19 a diputados y 10 a senadores.
En el quinto lugar está Perú Libre, del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón. El partido lleva a personas con 22 sentencias: 13 a diputados y 9 a senadores.
En el sexto y séptimo lugar están Juntos por el Perú (JPP) y Somos Perú con 20. En el primer caso, llevan aspirantes a diputados con 14 sentencias y a senadores con 6 condenas y, en el segundo caso, 13 a diputados, 1 al Parlamento Andino y 6 a senadores.
Un poco más abajo están el Partido Aprista Peruano y Cooperación Popular. Ambos tienen 19 sentencias. El APRA cuenta con aspirantes a diputados con 14 y a senadores con 5 sentencias, mientras que la organización que lleva a Yohny Lescano como candidato presidencial tiene a 11 postulantes a diputados con sentencias, 2 a parlamentarios andinos y 6 senadores con condenas.
En Renovación Popular de Rafael López Aliaga hay 17 sentencias entre sus candidatos. De ese total, 9 están entre los aspirantes a diputados, 1 a parlamentario andino y 7 a senadores.
Existen partidos que también cuentan con sentenciados, pero en menor cantidad. El partido Democrático Federal cuenta con 17 sentencias entre sus candidatos (10 en diputados, 7 en senadores). Lo mismo sucede con Frente de la Esperanza 2021 (13 en diputados y 4 en senadores).
Cívico Obras y Democrata Unido Perú llevan a 13 cada uno. En el primer caso, son 8 en diputados, 1 parlamentario andino y 4 en diputados, y en el segundo son 6 para diputados y 7 a senadores.
En País para Todos de Carlos Álvarez son 14: 7 diputados y senadores. En Ahora Nación, Progresemos y Unidad Nacional son 12. Avanza País lleva a 11 (8 diputados y 3 senadores).
La alianza Venceremos, Democrata Verde y Primero la Gente lleva 9 cada uno, mientras que Libertad Popular cuenta con 7 candidatos con sentencias en su pasado, y el partido del Buen Gobierno con 8.
Fe en el Perú, el Partido Morado y Salvemos al Perú llevan 6 cada uno. El PRIN, PPP y Perú Acción 5. Integridad Democrática 4, PTE 3 y Libertad Popular y Sí creo 1 cada uno.
En total son 693 sentencias emitidas entre los 485 candidatos con sentencias. La mayoría de ellos son por temas de familia y alimento (209) y por conceptos contractuales (95).
Además, existen 61 por violencia familiar y 22 por omisión a la sentencia familiar. Otros 17 son por temas laborales, mientras que 16, por peculado. En tanto, se registraron 15 por difamación y 13 por falsa declaración en proceso administrativo y usurpación.
9 se han registrado por apropiación ilícita, contra la fe pública, falsificación de documentos y lesiones leves. 8 por estafa y hurto y 7 por conducción en estado de ebriedad.
Otras 6 fueron por falta contra la persona, lesiones culposas o dolosas y rebelión. 5 por desobediencia a la autoridad y peligro común. 4 por homicidio culposo y lesiones graves.
Entre otros delitos, se reportaron 3 contra la administración pública, contra la fe, el cuerpo y la salud, estelionato y falsedad genérica e ideológica, contra la fe pública, incumplimiento de obligación alimentaria, malversación de fondos, negociación incompatible, resistencia a la autoridad, uso de documento falso y violencia y resistencia a la autoridad.
En diálogo con La República, el profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y politólogo, Alejandro Mejía, consideró que la reforma política para el fortalecimiento interno de los partidos es uno de los tantos temas relegados de la agenda pública.
"Precisamente, trae consigo que, en vez de tener candidatos probos, con solvencia moral y ética como exige la ciudadanía, la oferta electoral que los partidos promueven sean candidatos con sentencias penales y judiciales. Aquí también existe complicidad del TC de dejar sin efecto práctico la aplicabilidad de la Ley 30717", explicó.
Asimismo, afirmó que si todos estos candidatos llegan a ocupar un cargo público, no se garantizaría la idoneidad de funcionarios que requiere el Estado. Mejía sostuvo que en anteriores periodos legislativos hubo casos de congresistas electos que durante su gestión salía a la luz que tenían problemas con la ley por sentencias de diversos delitos, pero que su inmunidad parlamentaria los protegía.
"Por eso, es importante recordar que los funcionarios públicos deben tener una comprobada aptitud moral; sin embargo, muchos candidatos al Congreso carecen de ello", manifestó.
"La impunidad y el blindaje son el mayor peligro. Más allá de querer representar a sus electores y servir a la ciudadanía, la motivación de muchos candidatos es acceder a un puesto de poder y refugiarse en la inmunidad parlamentaria, ahora tanto para senadores como para diputados, a fin de no responder a la justicia", acotó.
Por otro lado, Mejía resaltó que esto es responsabilidad directa de los partidos políticos, que no han tenido mayor interés en fortalecer la democracia interna y tener mejores estándares para la selección de candidatos.
"Los partidos son 'vientres de alquiler' incluso franquicias y feudos familiares, los cuales llegan ahora a ofrecer números en lista a invitados que más dinero aporte al partido, por encima de las credenciales morales y éticas de un candidato. Esto desalienta a que cada vez más personas que tienen la vocación de servir, se alejen de participar en política", recalcó.





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