Ollanta Humala: defensa del expresidente solicita su libertad tras archivo de caso Cócteles

La defensa de Ollanta Humala solicitó su libertad luego de que el Poder Judicial dispusiera el archivo definitivo del caso Cócteles, investigación por presunto lavado de activos que involucró a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El pedido busca que el criterio jurídico aplicado en ese proceso también sea considerado en la situación del expresidente, quien cumple una condena de 15 años de prisión.

Edinson Huamán, abogado del exmandatario, sostiene que el fallo que cerró el caso contra Fujimori se basó en el principio de legalidad y en la inexistencia, en ese momento, de una tipificación penal clara sobre el financiamiento ilegal de campañas. En ese sentido, afirma que la imputación por lavado de activos en procesos de aportes políticos constituye un exceso por parte del Ministerio Público.

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Huamán declaró a RPP que la Fiscalía incurrió en un “abuso” al construir acusaciones penales sobre conductas que no estaban claramente sancionadas por la ley. Este razonamiento debilita la base jurídica de su condena y abre la posibilidad de revisar su situación carcelaria.

El exjefe de Estado se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por los aportes que habría recibido su campaña presidencial de 2006 y 2011. Su defensa considera que los fundamentos usados para sentenciarlo son sustancialmente similares a los que fueron descartados en el caso Cócteles, lo que, a su juicio, debe traducirse en una evaluación inmediata de su pedido de libertad.

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Defensa se basa en argumentos usados para el archivo del caso Cócteles

El archivo del caso Cócteles se dio tras la interpretación del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, donde se estableció que los aportes a campañas, en el periodo investigado, no configuraban de forma automática el presunto delito de lavado de activos. Este criterio es el eje central que la defensa de Ollatan Humala podría usar para presentar formalmente el excarcelamiento del expresidente.

Edinson Huamán sostiene que la tipificación penal del financiamiento político irregular se incorporó de manera expresa en 2019. Por tal motivo, señala que aplicar retroactivamente esa figura vulnera el principio de legalidad y afecta la validez de la condena impuesta a Humala.

En sus declaraciones, Huamán resaltó que no puede existir un trato distinto frente a hechos de similar naturaleza. Bajo esa lógica, considera que el precedente del caso Cócteles obliga al sistema judicial a revisar la condena de Ollanta Humala y a pronunciarse sobre su solicitud de libertad.