
En Madre de Dios la presencia de organizaciones criminales relacionadas con la minería ilegal y el narcotráfico mantienen en vilo no solo al Parque Nacional del Manu y a la Reserva Nacional de Tambopata, sino a los pueblos indígenas.
Así lo demuestra un reciente monitoreo satelital que confirman la extensión de la minería ilegal en ríos, atravesando zonas protegidas y cruzando bosque, lo que representa una contaminación de los cuerpos de agua y un impacto en las comunidades que habitan en esta región y que dependen principalmente de ese recurso.
Para Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de la organización Conservación Amazónica (ACCA), la agenda ambiental de 2025 “definitivamente estuvo marcada por la exposición mediática del impacto de la minería ilegal de oro, no solamente en la Amazonía”, sino también en otras zonas como Pataz, que, considera, fue el ‘punto de inflexión’.
Por su parte, el Ejecutivo señaló que este año, de enero al 15 de diciembre, impulsó más de 1.000 operativos a nivel nacional lo cual permitió la incautación y destrucción de bienes e insumos utilizados en esta actividad criminal, valorizados en más de S/3.800 millones.
INVASIÓN FUE INEVITABLE
Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal y exfiscal especializada en material ambiental señala que “pese a los esfuerzos del Estado (Sernanp y FFAA), con la finalidad de evitar que la minería ilegal llegue a las áreas naturales protegidas, lastimosamente fue inevitable la invasión, en el caso de la Reserva Nacional de Tambopata.
Manifiesta que los grupos especiales de la Marina de Guerra del Perú que permanecían en los puestos de control y vigilancia a lo largo del río Malinowski durante el 2025 fueron replegados por falta de presupuesto, limitando así las acciones de interdicción.
Desde los últimos meses la Policía Nacional y el Ejército vienen desarrollando acciones de interdicción en la zona, sin embargo, “esto será insuficiente si no se cuenta con una estrategia adecuada que repela a los ilegales, pero que controle el no regreso de los mismos”, manifiesta con tono de preocupación.
Garay recordó que la Reserva Natural de Tambopata, para el año 2021, se encontraba totalmente libre de minería ilegal y gracias a los esfuerzos del Sernanp se logró empezar con la reforestación de varias hectáreas afectadas. “Esta inversión y trabajo no puede ser afectada”, expresa indignada.
BIOSFERA DEL MANU
En cuanto a la minería ilegal detectada en biosfera del Manu, considerado Patrimonio Natural de la Humanidad, Karina Garay recuerda que el Parque Nacional del Manu es una de las áreas naturales protegidas más importantes del Perú y el mundo.
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“Es por su riqueza ecosistémica, hogar para muchas especies de flora y fauna, que sostienen la vida del hombre y hogar de pueblos en aislamiento voluntario, por no decir uno de los más importantes atractivos naturales de nuestro país”.
Asegura que “la invasión de minería ilegal se da justo porque el Parque se encuentra entre dos zonas mineras: Paucartambo en Cusco y Boca Colorado en Madre de Dios y la tendencia de crecimiento de minería ilegal en nuestro país, es necesario que se tomen acciones preventivas y de control para evitar que esta actividad ilícita crezca y atente contra el parque y las comunidades nativas”.
Incluso –dice- se pretende realizar un proyecto carretero entre Boca Manu y Boca Colorado que si no es correctamente planificado y aceptado por las comunidades está solo facilitaría el trasporte de insumos y maquinaria para la minería ilegal y narcotráfico, así como que personas foráneas dedicadas a esta actividad invadan el Manu y las comunidades, trayendo violencia y trata de personas que va de la mano de la actividad, advirtió.
“No podemos seguir sacrificando nuestros últimos pulmones naturales por permitir el enriquecimiento ilícito, son responsables de toda este atentado, aquellos que promovieron leyes que favorecieron una minería desordenada sin controles pero que no fortalecieron la lucha contra la minería ilegal” sostiene la vocera del Observatorio.
Para el 2026 se aumentó el presupuesto para la lucha contra la minería ilegal y el Alto Comisionado promovió la estrategia de lucha contra la minería ilegal, darán prioridad a la intervención de Áreas Naturales protegidas y Zonas de Amortigüamiento, pero de nada servirá si las leyes favorecen la impunidad a los mineros.
INCREMENTO DE HECTÁREAS AFECTADAS
Al respecto, el alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García Esquerre, señaló que los operativos que se realizan en el país tienen la prioridad de afectar la logística y los activos que permiten la expansión de estas redes criminales.
“La respuesta del Estado es permanente. Vamos a continuar con intervenciones que impidan que la minería ilegal consolide posiciones y que sigan afectando a las comunidades y al medio ambiente”, afirmó.
Pese a los operativos realizados, la minería ilegal persiste y se expande hacia las cabeceras de los ríos, alterando de manera irreversible el cauce y el equilibrio ecológico de la zona.
De acuerdo a ACCA el número de alerta dentro del corredor minero en la Reserva Nacional de Tambopata aumentó de 14.957 en junio a 48.401 en noviembre mientras que fuera del corredor minero, en el mismo periodo se incrementó de 7.913 a 40.489.
Pero, la suma en hectáreas dentro del corredor minero creció de 149.57 en junio a 480.41 en noviembre mientras que fuera del corredor minero el incremento fue de 79.13 hectáreas en junio a 404.89 en noviembre.
Lo preocupante es que hoy –según un informe de Punto Final- existen ocho petitorios mineros (trámite formal para solicitar una concesión minera) ya aprobados y que podrían iniciar sus operaciones en cualquier momento, mientras que otros 108 buscan ser aprobados a pesar de encontrarse dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu.
Pero, la problemática se torna aún más alarmante en el Manu con la incursión de mafias vinculadas al narcotráfico, las cuales han encontrado en la minería ilegal una nueva fuente de ingresos ilícitos.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente, existen indicios de que estas organizaciones operan con dragas y excavadoras en sectores como Asunción, localidad limítrofe con Puerto Maldonado. El distrito de Kosñipata, en la provincia de Paucartambo, también se ha convertido en un punto crítico, pese a las interdicciones.
DUROS GOLPES A LAS MAFIAS
El gobierno sostiene que Madre de Dios es la región con más intervenciones (276) seguido de La Libertad (135), Amazonas (66), Ucayali (61), Huánuco (61), Ayacucho, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.
Asimismo, Madre de Dios es la zona en donde el monto total de lo incautado es el más alto, llegando a S/1 095 453 149, seguido de Cajamarca con S/823 607 200, La Libertad con S/575 567 334, Arequipa con S/ 308 817 740 y Amazonas con S/218 655 255.
Estas intervenciones son parte de la estrategia de la presencia activa del Estado para recuperar las zonas impactadas por organizaciones dedicadas a la extracción ilícita de oro y al uso de maquinaria no autorizada, sostienen desde el gobierno.
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Explican que entre el 5 y el 21 de noviembre, autoridades realizaron una serie de operativos contra la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios.
Las acciones involucraron al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema), la Policía Nacional y el Ejército.
Durante este periodo, se realizaron diez interdicciones en los sectores Otorongo, Azul y Yarinal. Según los reportes, se destruyeron 54 embarcaciones, 58 campamentos, 36 motores y vehículos menores, además de equipos de bombeo, ocho generadores eléctricos y 1950 galones de combustible.
El 23 de noviembre también se llevó a cabo un operativo helitransportado en el sector Merma (Setapo), en la zona de amortiguamiento de Amarakaeri. En esta intervención, que contó con el apoyo del Ejército y la Policía, se destruyeron cuatro retroexcavadoras y se erradicaron campamentos y maquinaria asociada a la actividad ilegal.

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