
José Jerí reconoció que, "por tema de tiempo", no logrará ganar la lucha contra la inseguridad ciudadana. Aclaró que si bien no se obtendrán los resultados necesarios durante su gobierno, sí se sentarán las bases para el siguiente. "El que viene tendrá la cancha preparada. Ese es nuestro compromiso", dijo en rueda de prensa durante la VI sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) 2025.
Asimismo, aseguró que se "triplicarán" los esfuerzos a nivel general y, sobre todo, durante las últimas semanas de diciembre para garantizar que los ciudadanos pasen unas fiestas navideñas y de año nuevo tranquilas.
"Los resultados no son todavía los que estamos buscando. Un Gobierno tiene que ser consiente de sus limitaciones. Estamos encaminados, pero aún nos falta conseguir los resultados que el país está buscando No estamos en cuatro paredes pensando que todo está de maravilla", agregó.
Informó que a inicios del 2026 se presentará un nuevo plan nacional y las primeras normativas en función a las facultades legislativas concedidas por el Congreso al Ejecutivo por un plazo de 60 días.
Justamente, las propuestas presentadas por el gobierno de Jerí, enfocadas en impulsar medidas en materia de seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad y la administración pública, fueron ampliamente cuestionadas.
Una de esas iniciativas es crear el delito de revelación de información reservada relacionadas a investigaciones penales y actuaciones policiales. Una norma que, en la práctica, criminalizaría la difusión de información de interés público y censuraría a la prensa, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
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El oficio del proyecto de ley, que ingresó al portal del Legislativo el último 20 de noviembre, precisa que el delito de revelación de información reservada tiene el objetivo de "proteger" la información vinculada a la "persecución penal, las investigaciones y las operaciones de seguridad", así como "fortalecer la ética funcional de los servidores y funcionarios públicos que acceden a información clasificada o sensible". Dicho delito sería sancionado además con la inhabilitación del funcionario.
La ANP consideró que la iniciativa va directamente contra el periodismo de investigación porque "criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas. Atentando, además, con el secreto profesional".
Por otro lado, otra de las cuestionadas medidas fue la implementación del estado de emergencia en Lima y Callao.
Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre de este año. Poco tiempo después, el 21 de octubre, ordenó estado de emergencia por un periodo inicial de 30 días debido al incremento de la criminalidad y la inseguridad. La medida fue anunciada en un corto mensaje a la Nación, el primero del mandatario, con una duración de apenas 46 segundos.
En diálogo con La República, el exministro del Interior, Rubén Vargas, cuestionó esta estrategia por considerar que ha fracasado en el pasado. Sostuvo que esta decisión no da los resultados esperados, ya que solo moviliza a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, sin una planificación clara ni objetivos definidos para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Por su parte, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, manifestó que no hay necesidad de un estado de emergencia para controlar la extorsión que se maneja desde los penales.
Vale mencionar, que el estado de emergencia sí estuvo acompañado de otras medidas. Una de ellas, de hecho, incluía mayor control en los centros penitenciarios. A su vez, se prohibió que dos personas se trasladen juntas en una moto lineal. Sin embargo, no resultaron suficientes.

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