
El Equipo Especial Lava Jato, a través del fiscal José Domingo Pérez, presentó la acusación contra los empresarios Gonzalo Monteverde y María Carmona Bernasconi en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht por el presunto delito de lavado de activos como parte de una supuesta organización criminal. En ese sentido, el Ministerio Público solicitó 33 años de pena privativa de la libertad contra Monteverde y Carmona.
La acusación también incluye a otras cuatro personas como Sara Andrade, Karla Ganoza y otros, así como a 21 personas jurídicas, entre los que figuran Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC, Isagon SAC, con penas que oscilan entre los 12 y 33 años.
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Comunicado de la Fiscalía sobre Gonzalo Monteverde
Monteverde Bussalleu es acusado de formar parte de una presunta organización criminal internacional encabezada por Odebrecht, cuyo objetivo era sobornar a políticos y funcionarios públicos para asegurar contratos con el Estado. Por ello, se le señala como el supuesto operador financiero de esta empresa en Perú.
De acuerdo con la tesis fiscal, Monteverde, a través de sus empresas, habría sido el generador de los flujos de dinero ilícito para el Departamento de Operaciones Estructuradas (Caja 2) de la constructora brasileña y la caja chica en efectivo en Perú por un total de 24 millones de dólares entre 2007 y 2015.
Sobre los empresarios acusados Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona pesa una orden de captura tanto a nivel nacional como internacional desde marzo del 2019, al encontrarse prófugos de la justicia.
En ese año, el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de Corrupción, dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra por su presunta participación en la trama del caso Lava Jato.
Debido a su fuga, en septiembre del año pasado, el Ministerio del Interior, mediante su Programa de Recompensas, ofrece un beneficio económico de S/500.000 por información que conduzca a la ubicación del empresario Monteverde, señalado como el operador financiero de los pagos ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht en Perú.
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En octubre de 2019, solicitó por primera vez el cese de su prisión preventiva; sin embargo, su petición fue denegada en segunda instancia en noviembre de ese mismo año. Posteriormente, en julio de 2020, presentó un segundo recurso de cese, que también fue rechazado, al igual que un intento adicional realizado en marzo.

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