
El Ministerio Público y la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP realizaron un megaoperativo de allanamiento a 27 inmuebles del Callao en el marco de las investigaciones por el caso 'Los Socios del Callao'. Las indagaciones involucran al gobernador regional de la localidad, Ciro Castillo, por quien se solicitó una detención preliminar de 15 días y cuenta con una orden de búsqueda y captura. Sin embargo, se encuentra no habido.
De acuerdo con el director contra la corrupción de la PNP, el general Luis Lira, el presidente del Gore se encuentra no habido desde hace cuatro días y tampoco fue visto al momento de las diligencias fiscales en su casa en La Punta. "Ya no se le ha visto al señor, no lo hemos visto desde que salió la resolución (del allanamiento)", afirmó.
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Castillo Rojo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión al ser sindicado como el supuesto líder del grupo delictivo que operó desde el 2023 y que se habría encargado de direccionar contratos en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por un total de S/ 1.461.121,10.
Después del allanamiento, Humberto Abanto, abogado de Castillo, señaló que no fue informado sobre la existencia de la carpeta fiscal ni se les solicitó presentar descargos en el caso. Además, Abanto anunció que interpondrán un recurso de apelación para invalidar la diligencia fiscal.
El letrado aseguró que la diligencia fiscal en la residencia de su defendido fue considerada "infructuosa" al no hallarse pruebas relevantes para la investigación. No obstante, evitó comentar sobre el paradero del gobernador regional. "No voy a responder ese tipo de preguntas", exclamó.
Según la tesis fiscal, esta presunta organización criminal, supuestamente liderada por Castillo Rojo, habría manipulado contrataciones en el Gobierno Regional del Callao y en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed) por un total de S/ 1.461.121,10.
Para el Ministerio Público, funcionarios y empleados del Gobierno Regional habrían utilizado sus posiciones para adjudicar contratos igualo menor de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a diversas empresas, con el propósito de eludir los procesos de selección que exige la ley.
Estas presuntas contrataciones irregulares habrían comenzado durante la gestión de Castillo, desde enero de 2023 hasta febrero de 2024, sumando un total de 63 adjudicaciones.

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