CPP alerta que crear el delito de revelación de información podría dar un "manto protector" a la PNP

El director del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, expresó su preocupación ante el proyecto del Gobierno de José Jerí que propone modificar el Código Penal para penalizar la difusión de información reservada vinculada a investigaciones penales y actuaciones policiales.

Al respecto, sostuvo que se trata de una medida que, al no ser específica, podría también afectar a periodistas que difundan información sobre investigaciones. “Es muy amplio. Esto aplica a un funcionario público, a un fiscal, a un periodista. (...) “Si esto pasa así a ser una ley o la modificación del Código Penal, fácilmente un fiscal puede decir: ‘acá hay un poco de información reservada sobre situaciones policiales’, y se va contra el periodista”, indicó en entrevista a RPP.

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Por esto, consideró que es necesario “poner una especificación, un candado, que esto no aplique a la revelación de información periodística”. Sobre todo al considerar que la norma podría significar "un manto protector" en beneficio de la PNP.

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ANP se suma al rechazo de la propuesta de ley

Por su parte, la ANP consideró que la iniciativa va directamente contra el periodismo de investigación porque "criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas. Atentando, además, con el secreto profesional".

"Ayer hemos escuchado que se ha intentado decir que no se refieren a los periodistas, que no están hablando de los periodistas, que están hablando de los operadores de justicia. Pero a ver, ¿Quién difunde esa información?", expresó la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, en diálogo con Exitosa.

La Asociación también indicó, por medio de un comunicado, que de ejecutarse dicha norma se estaría atacando la libertad de información sobre "investigaciones penales de relevancia pública desde sectores que tienen, en su mayoría, personajes relevantes comprometidos en dichos expedientes".

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Esta intención, precisaron, también se observó durante los mandatos de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

El 14 de abril del 2025, la entonces presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32301, norma que otorga al Estado facultades de control previo sobre los medios que reciben financiamiento de la cooperación internacional, al exigir que sus investigaciones, proyectos o actividades sean previamente aprobadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Por su parte, Pedro Castillo y su gabinete impulsaron la "ley mordaza" durante su mandato. Se trata de una norma similar a la propuesta por José Jerí: crear el delito de difusión de información reservada en la investigación penal.