
Durante su presentación en la CADE, Rafael López Aliaga volvió a mostrarse como un político ajeno al sistema, criticó la reforma que restableció la bicameralidad y aseguró que, si llega a la presidencia, la eliminaría “por cuestión de confianza o referéndum”. Pero la realidad contradice su narrativa: su bancada fue una de las que respaldó el retorno del Senado y la reelección parlamentaria.
El líder de Renovación Popular también aprovechó el evento empresarial para negar cualquier relación con mineros informales, ofreciendo incluso “100 mil dólares por cada prueba” que demuestre lo contrario. Sin embargo, el registro de votaciones del Congreso muestra que su agrupación apoyó medidas que benefician a la minería no formal, mientras se registran al menos tres personas pertenecientes a este sector en las filas de su partido.
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Las declaraciones de López Aliaga en el CADE 2025 reflejan su estrategia de campaña: presentarse como un político antisistema mientras su partido reproduce las mismas prácticas que dice combatir. Las contradicciones entre su discurso público y la actuación parlamentaria de Renovación Popular lo exponen como un dirigente dispuesto a distorsionar la realidad para ganar terreno electoral.
Estas inconsistencias se suman a un historial de promesas incumplidas del también exalcalde de Lima, cuya gestión municipal es cuestionada por obras inconclusas, falta de transparencia y disputas internas. En el ámbito nacional, su discurso populista busca posicionarlo para las elecciones de 2026, pero los hechos revelan un liderazgo carente de coherencia.
En su intervención en la CADE 2025, Rafael López Aliaga aseguró que eliminaría la bicameralidad si llega al poder. Sin embargo, en marzo de 2024, el Congreso aprobó con 91 votos a favor la reforma constitucional que restableció el sistema bicameral, y la bancada de Renovación Popular fue una de las que mostró respaldo a la iniciativa.
Entre los congresistas que apoyaron el retorno del Senado estuvieron José Cueto, Jorge Montoya y Alejandro Muñante, todos miembros de Renovación Popular en ese entonces. El propio López Aliaga no se pronunció en ese momento en contra de la reforma, lo que muestra una doble postura frente a un tema clave de gobernabilidad. Su promesa de ahora contrasta con la conducta previa de su agrupación.
Además, durante su exposición en la CADE, el alcalde capitalino anunció que reduciría el salario de los parlamentarios: “El sueldo del congresista será el promedio de su sueldo en los últimos cinco años”, dijo. La frase buscó reforzar su imagen de austeridad, aunque en la práctica su partido ha defendido mayores beneficios y presupuestos para el Legislativo.
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En la misma cita empresarial, Rafael López Aliaga negó cualquier vínculo de su partido con la minería informal, afirmando con tono desafiante: “Te pago cien mil dólares por cada uno que tú me demuestres”. Sin embargo, según Infobae Perú, la bancada de Renovación Popular votó a favor de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), una medida criticada por facilitar la actividad de mineros informales y proteger operaciones fuera del marco legal.
El caso más representativo es el de Máximo Béquer, presidente de Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), un empresario minero que fue vinculado a Renovación Popular y luego se apartó tras cuestionamientos por su relación con la minería no formal. Aunque el partido intentó desvincularse, el episodio evidencia la cercanía de algunos integrantes con ese sector económico. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), actualmente se encuentran inscritos Magno Palomino Garamendi, Javier Bernal Salas y Rossbel Anyosa Pariona, también integrantes de Confemin.
Las declaraciones de López Aliaga son, por tanto, inconsistentes con la actuación legislativa de su bancada. Mientras niega nexos con la minería ilegal en los foros públicos, en el Parlamento su partido ha apoyado iniciativas que benefician a los mineros informales.

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