Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

El congresista Edwin Martínez de la bancada de Acción Popular interpuso una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en contra de la expresidenta Dina Boluarte y los exministros César Sandoval (Transportes) y Raúl Pérez-Reyes (Economía). El documento los acusa de haber extendido de forma irregular, por 30 años adicionales, el contrato de concesión del puerto de Matarani en Arequipa.

Según el texto, la medida habría favorecido directamente a la empresa Terminal Internacional del Sur (Tisur S.A.) y vulnerado los artículos 58, 61 y 76 de la Constitución. En ese sentido, el lesgislador sostiene que la decisión contravino los principios de libre competencia y contratación pública, generando un presunto monopolio en la explotación del puerto.

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Martínez señala que Boluarte y los exministros actuaron “en colusión” con la empresa beneficiada, al aprobar la Adenda N.º 5 del contrato antes de su vencimiento original en 2029. La denuncia también solicita que los implicados sean inhabilitados para ejercer función pública por 10 años y que el caso sea derivado a la Fiscalía de la Nación.

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La denuncia constitucional invoca los delitos de colusión, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, tipificados en los artículos 384 y 399 del Código Penal.

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Dina Boluarte habría favorecido prórroga irregular de concesión portuaria

De acuerdo con la acusación, Dina Boluarte firmó el decreto que aprobó la prórroga del contrato con Tisur, duplicando el periodo de explotación del terminal portuario sin convocar a un nuevo concurso público. El congresista argumenta que esta decisión vulnera el principio constitucional de libre competencia al impedir que otras empresas puedan postular.

La denuncia sostiene que el Gobierno habría actuado de manera arbitraria, generando una posición dominante a favor de Tisur y afectando a los emprendedores y comerciantes que operan en el puerto de Matarani. Según el documento, las tarifas impuestas por la concesionaria serían “abusivas y desproporcionadas”, lo que perjudica la competitividad de los usuarios.

Martínez pide que se investigue si la actuación de César Sandoval y Raúl Pérez-Reyes fue determinante en la aprobación de la adenda, pues ambos refrendaron el decreto. De comprobarse los hechos, el caso podría derivar en una sanción política y penal para los exfuncionarios involucrados.