Keiko Fujimori arremete contra fiscales Vela y Pérez del caso Cócteles: "Fuerza Popular evaluará si los denuncia"

Tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó archivar el caso Cócteles, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reapareció públicamente en una conferencia de prensa para defender los aportes recibidos por su partido y no descartó que su partido interponga denuncias contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

"Nosotros siempre hemos señalado desde el primer día que quienes contribuyeron a nuestras campañas han sido grandes empresarios de prestigios peruanos. Lamentamos que se hay utilizado la justicia para tratar de perseguir y lo continúan haciendo por eso lamo a la reflexión. La campaña 2021 el mismo fiscal también apertura una investigación. Ahora que enfrentamos otro proceso se pidió la disolución el partido (...) Yo no voy a denunciar, el partido político lo va a evaluar y los más de 40 acusados están en todo el derecho de hacerlo", sostuvo.

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Al ser consultada por La República sobre si la elección de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, hecha por un Congreso dominado por fuerzas afines al fujimorismo, pudo haber influido en el fallo que la favoreció, Fujimori evitó reconocer cualquier vínculo político. En cambio, aseguró que “cada persona del Tribunal tiene amplia trayectoria” y trató de restar peso a las críticas sobre la falta de independencia del TC.

La lideresa de Fuerza Popular incluso intentó usar el caso de Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo, como ejemplo de supuesta imparcialidad del tribunal al recordar que fue ese mismo TC el que ordenó su liberación.

"Los miembros del TC fueron elegidos por amplia mayoría, por diferentes partidos políticos de diferentes colores e ideologías. Son personas de larga trayectoria y de diferentes formas de pensamiento, ya hace algunas semanas atrás dieron un fallo a favor de una exprimera ministra. Entonces, se trata de impartir justicia y es lo que ellos están haciendo en este caso también", señaló.

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Keiko Fujimori: ¿cuáles son los argumentos del TC para anular el caso Cócteles?

En febrero de 2024, la abogada de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, Giulliana Loza, presentó un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de anular las investigaciones en contra de su patrocinada.

En su pedido, Loza argumentó que antes de noviembre de 2016 no se consideraba delito el recibir dinero para una campaña política bajo la figura de lavado de activos en la modalidad de recepción patrimonial. Además, sostuvo que, tras la prisión preventiva dictada contra Fujimori en octubre de 2018, se incorporaron nuevos elementos al caso sin respetar el derecho a la defensa.

El TC fundamentó su decisión de archivar el caso en dos puntos principales. Primero, señaló que el delito de lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial fue incorporado al ordenamiento jurídico recién el 26 de noviembre de 2016, mediante la Ley 27765.

Por tanto, los hechos imputados a Fujimori habrían ocurrido antes de esa fecha. “En tales circunstancias, interpretar que hubo un delito como el imputado presupondría realizar una aplicación retroactiva y desfavorable de la ley penal, así como una evidente afectación al principio de legalidad penal”, precisó el fallo.

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El segundo argumento del TC fue que el delito de organización criminal atribuido a Keiko Fujimori no se corresponde con una finalidad legítima como la de ganar unas elecciones. En esa línea, el tribunal consideró que la participación de Fujimori Higuchi en los comicios de 2011 y 2016 no puede entenderse como la creación de una estructura criminal para lavar dinero ilícito.

“No se puede equiparar una finalidad política como es ganar las elecciones a un propósito de carácter delictivo, siendo totalmente erróneo que la captación de aportes para financiar una campaña represente un actuar ilícito”, sostuvo el TC.

Finalmente, el Tribunal Constitucional expresó su sorpresa por el hecho de que el Ministerio Público centrara gran parte de su acusación en el presunto “pitufeo” de dinero por parte de militantes del partido fujimorista.

Según el fallo, esta conducta tampoco podría considerarse delictiva, pues el financiamiento prohibido de organizaciones políticas fue tipificado recién en agosto de 2019, es decir, después de los hechos investigados.