
Durante la sesión del 7 de octubre, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó una modificación a la Ley Orgánica de Elecciones. Redujo el plazo de prohibición para difundir encuestas de siete a tres días antes de los comicios. El cambio se sustentó al indicar el dinamismo de la información que existe en medios digitales y redes sociales. Esta propuesta, que ahora deberá ser ratificada por el Pleno, apunta a devolver al electorado la posibilidad de contar con información más reciente antes de emitir su voto.
Sin embargo, la misma sesión de la Comisión de Constitución rechazo eliminar la denominada "ley seca". A pesar del debate sobre su presunta obsolescencia y el perjuicio económico que genera en diversos negocios, la propuesta para derogarla fue descartada con una mayoría de votos en contra (12 en contra, 9 a favor y 2 abstenciones). Con este resultado, la prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas se mantendrá vigente 48 horas antes de las elecciones 2026, asegurando que los próximos procesos electorales continúen rigiéndose por esta restricción bajo pena de sanciones administrativas para los establecimientos que la incumplan.
El congresista Edward Málaga justificó la propuesta de flexibilizar la "Ley Seca" argumentando que la prohibición absoluta vigente resultaba desproporcionada. Málaga sostuvo que las condiciones logísticas y de seguridad en los procesos electorales habían mejorado, haciendo innecesaria una restricción tan severa. Además, señaló que la medida afectaba negativamente a sectores económicamente vulnerables, como el comercio minorista, sin que existiera evidencia clara de que mejorara la calidad del voto.
En este contexto, el Centro de Estudios de la MYPE proyectó que, solo en 2026, el mantenimiento de la ley seca podría generar pérdidas superiores a los 48 millones de soles en utilidades para el sector minorista y el turismo. También se advirtió que la prohibición absoluta solía incentivar el mercado negro de bebidas alcohólicas, empujando a los consumidores hacia alternativas informales.
Por el contrario, expertos como José Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos, declararon en un medio local que la ley seca seguía siendo una herramienta válida para garantizar el orden público durante las elecciones, asegurando que la restricción actual de 48 horas era adecuada para evitar alteraciones en el proceso.

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