
A comienzos de 2025, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, entregó 100 camionetas 4x4 a la Policía Nacional, como parte de una estrategia para combatir el crimen y la inseguridad en Trujillo y otras zonas de la región. Sin embargo, la millonaria compra evidencia presuntos sobrecostos e irregularidades en el proceso de licitación.
La compra se realizó a través de dos procesos que fueron adjudicados el 17 de octubre de 2024 a la empresa Maquinarias S.A.: uno por 45 camionetas y otro por 55 unidades adicionales, todas del mismo modelo, color y características técnicas.
El costo total pagado por el Gobierno Regional de La Libertad fue de 17 millones 880 mil soles. No obstante, al día siguiente, el Gobierno Regional de Áncash también compró exactamente la misma cantidad y tipo de vehículos a la misma empresa Maquinarias S.A., por S/ 14 millones 425 mil soles.
Es decir, el Gore La Libertad pagó aproximadamente más de 3 millones más por la misma compra. Frente a estos cuestionamientos, el gerente general de la entidad, Martín Namay, explicó que el contrato de la gestión de Acuña incluye mantenimiento extendido de las camionetas hasta 165 mil km y un servicio de GPS por 3 años.
Sin embargo, al revisar los contratos se conoció que solo 45 camionetas tienen mantenimiento hasta 165 mil km. Las otras 55 tienen el mismo mantenimiento de 100 mil km que las de Áncash.
A ello, el concesionario reveló que el mantenimiento por unidad no supera los S/ 15. 000 y el GPS por camioneta (3 años) ronda los S/ 2.500. Solo basta sumar los adicionales para darnos cuenta que el monto justificado no supera el millón 850 mil soles, por lo que aún queda un sobrecosto sin explicación por un millón 700 mil soles.
Al respecto gerente Namay afirmó erróneamente que las compras se hicieron en diferentes periodos del año, pero los documentos oficiales confirman que fueron firmadas en el mismo mes. De esta manera, se derrumba su argumento de “diferencias de mercado”.
Al ser abordado por el equipo de Cuarto Poder, César Acuña negó tener conocimiento sobre los detalles del proceso. Por su parte, consejeros regionales como Frank Solórzano y Robert de la Cruz denunciaron públicamente el caso como un posible acto de corrupción y señalaron que existe protección institucional para el gerente Namay.
La denuncia penal fue presentada, pero hasta la fecha no se ha realizado ninguna diligencia efectiva por parte del Ministerio Público.

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