Gobierno de Boluarte continúa con amenazas de sacar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

El Gobierno de Dina Boluarte emitió un comunicado en el que califica de “inaceptable” la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ratificó la inaplicabilidad de la ley de amnistía y reiteró que el Perú debe cumplir con las reparaciones en los casos Barrios Altos y La Cantuta. En la misma línea de confrontación, el Ejecutivo insistió en cuestionar la competencia del tribunal internacional y volvió a deslizar la posibilidad de retirar al país del sistema interamericano.

El pronunciamiento se produce luego de que la Corte IDH reafirmara que la Ley de Amnistía, promulgada por el Ejecutivo, es contraria a la Convención Americana y no puede ser aplicada para eximir de responsabilidad a los autores de crímenes de lesa humanidad. La resolución es parte de la supervisión internacional de las sentencias sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas por el grupo Colina durante el régimen de Alberto Fujimori.

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Pese a la contundencia del fallo, el Ejecutivo de Boluarte sostuvo que la Corte IDH no puede intervenir mientras no se agoten los recursos en la jurisdicción interna, reduciendo así el rol del tribunal a un carácter “subsidiario”. Bajo ese argumento, el Gobierno intenta justificar su desacato y al mismo tiempo proyecta un discurso nacionalista que lo enfrenta abiertamente con los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

El comunicado cierra con una amenaza explícita: el Perú seguirá “evaluando su permanencia” en el sistema interamericano. Esta posición confirma la estrategia del Ejecutivo de debilitar los mecanismos de supervisión internacional en medio de graves cuestionamientos por violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2022 y 2023.

Desde La República se advirtió que la designación de Juan Santiváñez en el Ministerio de Justicia respondía a una consigna evidente: preparar el terreno para retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hoy, con un discurso sostenido por Dina Boluarte, sus ministros y sectores aliados del Congreso, esa amenaza se reafirma.

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Corte IDH reitera que las amnistías por violaciones de derechos humanos son inválidas

Este 5 de setiembre, la Corte IDH confirmó la resolución de medidas urgentes en los casos Barrios Altos y La Cantuta, estableciendo que la Ley de Amnistía para militares, policías y funcionarios procesados o sentenciados por asesinatos, desapariciones y actos de tortura ocurridos entre 1980 y 2000 carece de validez, por ser contraria a la Convención Americana suscrita por el Perú. El tribunal ordenó al Estado, y de manera particular a los jueces, abstenerse de aplicar esa norma hasta que emita un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.

En su nueva resolución, el tribunal enfatizó que la ley reproduce el mismo patrón de impunidad que ya había sido proscrito. Señaló que los hechos de ambas matanzas constituyen crímenes contra la humanidad que no pueden prescribir ni quedar sin sanción.

La decisión reafirma que ningún Estado puede ampararse en su soberanía para desconocer la obligación internacional de investigar y sancionar violaciones graves de derechos humanos. De esta forma, la Corte IDH ratifica que el Perú incurre en responsabilidad internacional si pretende aplicar normas que favorezcan a responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

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Corte IDH ordena al Estado abstenerse de aplicar la Ley de Amnistía

En la misma línea, la Corte dispuso una medida de “no innovar” que obliga a las autoridades peruanas a suspender la aplicación de la Ley N.º 32419 hasta que el tribunal emita un pronunciamiento definitivo. Esto significa que jueces, fiscales y operadores de justicia deben abstenerse de otorgar beneficios a militares o policías procesados o condenados por violaciones de derechos humanos.

La orden tiene carácter vinculante y alcanza a todos los poderes del Estado, incluido el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. Con ello, la Corte busca evitar un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, quienes han reclamado durante décadas verdad, justicia y reparación.

La resolución advierte que permitir la vigencia de la amnistía significaría desconocer las sentencias anteriores, lo que dejaría sin efecto procesos judiciales en curso y abriría la puerta a la liberación de responsables condenados. Por ello, el tribunal interamericano subrayó que cualquier intento de aplicar la norma constituye desacato a sus decisiones.

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Perú bajo supervisión reforzada por incumplimientos reiterados

La Corte IDH recordó que desde hace más de dos décadas mantiene al Perú bajo supervisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta, debido a los constantes intentos de sectores políticos y militares por reinstalar la impunidad. La aprobación de nuevas leyes de prescripción y amnistía demuestra que el Estado sigue incumpliendo sus obligaciones internacionales.

El tribunal subrayó que las medidas provisionales dictadas en 2024 siguen vigentes y que el país debe informar cada tres meses sobre las acciones adoptadas para garantizar el cumplimiento de las sentencias. La reincidencia del Perú en aprobar normas contrarias a la Convención Americana solo profundiza el descrédito internacional de su gobierno. Con esta nueva resolución, la Corte reafirma que no permitirá retrocesos en la lucha contra la impunidad.