
Rafael López Aliaga volvió a generar controversia al anunciar públicamente que se reuniría con la presidenta Dina Boluarte este lunes 1 de setiembre para tratar el proyecto del Tren Lima-Chosica y otros temas vinculados a la seguridad ciudadana. Sin embargo, según la agenda oficial de Boluarte confirmó que tal cita nunca estuvo programada, desmintiendo de inmediato la versión del burgomaestre.
El alcalde de Lima había señalado que, tras dos años de gestiones diplomáticas, consiguió la donación de 90 vagones de tren desde el extranjero y que necesitaba el respaldo del Ejecutivo para ponerlos en marcha. Según sus declaraciones, esa supuesta reunión con Boluarte sería clave para viabilizar la propuesta.
En horas de la mañana, Dina Boluarte respondió a los ataques de López Aliaga durante un acto público en el distrito de Carabayllo y dejó entrever que algunos actores políticos buscan ganar protagonismo atacando al Gobierno. “Para ganar un poquito de crédito público (…) se enfrascan en mensajes en contra del Gobierno”, sostuvo Boluarte, en respuesta a la narrativa instalada por López Aliaga.
Este nuevo episodio refleja no solo la tensión entre el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima, sino también la estrategia del alcalde por posicionarse en la agenda pública de cara a sus aspiraciones presidenciales.
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La revista británica The Economist dedicó un espacio crítico al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, describiéndolo como “un caricaturesco candidato presidencial” y apelando a su apodo, 'Porky', para ilustrar su personaje público. El medio lo presenta como un magnate empresarial que habría construido su imagen deliberadamente, utilizando ese sobrenombre como una estrategia para “desviar la atención de sus impulsos oscuros”.
En la misma línea, el artículo cuestionó la solidez de su apoyo político, señalando que, aunque cuenta con cerca del 10 % de respaldo electoral, esta cifra no constituye una base concreta para una candidatura presidencial exitosa. Además, advierte que, de llegar al poder, López Aliaga podría implementar medidas controversiales como la eliminación de ministerios, el envío de presos de alta peligrosidad a El Salvador o el despliegue de tropas en la frontera, propuestas consideradas por la publicación como sin fundamentos técnicos sólidos.
El análisis también resalta los frentes conflictivos de su gestión: el impasse con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la operación de los trenes Caltrain, que aún no arrancan; y la caída en la calificación crediticia de Lima, sancionada por Moody’s debido al creciente endeudamiento municipal. Todo ello, advirtió The Economist, gira en torno a una figura más enfocada en el espectáculo político que en la gobernanza diaria.

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