
En 2022, cuando Dina Boluarte era vicepresidenta del Gobierno de Pedro Castillo, recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender la acusación constitucional del Congreso que buscaba su inhabilitación por 10 años. En aquella oportunidad, se le acusaba a Boluarte de infringir el artículo 126 de la Constitución: "los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa". Esto en el marco de que la mandataria fue acusada de ocupar el cargo de presidenta del Club Departamental Apurímac cuando era ministra de Estado.
Tres años después de haber acudido a la Corte IDH, la ahora presidenta Dina Boluarte arremetió contra el organismo internacional y advirtió que no permitirá su injerencia en la aprobación de la ley que propone una amnistía para policías y militares involucrados en crímenes durante el conflicto armado interno. Dina Boluarte estaría defendiendo los derechos fundamentales de los peruanos, siempre y cuando, no le afecte a ella.
Fue su entonces abogado, Alberto Otárola, quien presentó una denuncia y una solicitud cautelar ante la Corte IDH, el 23 de junio de 2022 en Washington, donde pedían se deje sin efecto el informe final del Congreso que pedía la inhabilitación de Boluarte por 10 años.
“En petición acusamos afectación de los derechos a la defensa, debido proceso y de legalidad. Demostramos orientación indebida de informe de Contraloría y adelanto de opinión de congresistas que han anunciado que votarán la inhabilitación política por 10 años”, dijo Otárola.
Asimismo, añadió en su momento que se pidió a la Corte se respete el derecho del pueblo a elegir a sus representantes por 5 años y no por el plazo que decida el Congreso. “La CIDH es un órgano independiente de jurisdicción supranacional y sus decisiones vinculantes. Si concede cautelar, la actuación del Congreso tendrá que adecuarse a estándares internacionales, sin olvidar que en el Perú debe regir el Estado constitucional y democrático de Derecho”, sostuvo.
Durante la reciente graduación de nuevos policías, la presidenta expresó que "Perú no es colonia", aludiendo que el país no debe ceder ante las órdenes de la Corte Interamericana.
"Desde aquel 7 de diciembre de 2022, la defensa del Estado peruano y la sociedad frente a los que le declararon la guerra, siempre tendrán el respaldo de nuestro Gobierno (...) El Perú es libre e independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar claro, no somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras fuerzas armadas, policías y comités de autodefensas", expresó, buscando brindar confianza a quienes siguieron sus órdenes para disparar a ciudadanos durante las protestas contra su Gobierno ocurridas en 2022 y 2023.

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