Human Rights Watch: Perú camina hacia un estado fallido sometido al crimen organizado

El Congreso de la República está socavando activamente la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado. Así lo concluye el reciente informe de Human Rights Watch (HRW) titulado “Legislar para la impunidad: cómo el Congreso permite el avance del crimen organizado”, en el que se alerta sobre el grave deterioro de la seguridad en el Perú y la responsabilidad directa de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

“Cada una de las leyes que está aprobando este Congreso, con la anuencia del gobierno de Dina Boluarte, deja en más peligro a los peruanos y peruanas frente al crimen organizado que está avanzando”, declaró a La República Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

Entre las principales preocupaciones del informe se encuentran las leyes que reducen los beneficios de la colaboración eficaz, restringen los allanamientos judiciales, y limitan el uso de la extinción de dominio, una herramienta clave para golpear las finanzas del crimen organizado. “Cuando se aprueban estas medidas, lo que se hace es empoderar al crimen: darle más presencia, permitirle hacer más extorsión, más amenazas y, en últimas, matar más peruanos y peruanas”, advierte Goebertus.

El informe revela, además, un incremento alarmante en la violencia criminal: los homicidios aumentaron un 137% entre 2018 y 2024, y solo entre 2023 y 2024, el crecimiento fue del 75%. “Perú no tiene la tasa más alta de homicidios en la región, pero sí es el país que más rápido se está deteriorando por el impacto del crimen organizado”, subrayó la experta.

Estados de emergencia sin impacto y un Ejecutivo cómplice

HRW también cuestionó la estrategia del Ejecutivo de declarar estados de emergencia como principal respuesta al crimen. Según el informe, estas medidas no solo han sido ineficaces, sino contraproducentes: “En las provincias donde se han decretado estados de excepción, los homicidios se han sostenido o incluso han crecido”, resaltó.

Para la directora de HRW, el Gobierno de Dina Boluarte no solo ha evitado frenar las iniciativas legislativas nocivas, sino que ha sido cómplice de ellas. “Le ha restado presupuesto al Poder Judicial y al Ministerio Público, incluso llevándolo a escenarios en los cuales ha habido un ataque directo a la figura de la fiscal de la Nación, quitándole herramientas para poder ser efectivo contra el crimen organizado, así que la presidenta es, por supuesto, corresponsable de esas medidas que ha tomado el Congreso”, afirmó.

La amenaza a la prensa y el retiro del Sistema Interamericano

El informe también denuncia ataques a la libertad de prensa, el debilitamiento de la sociedad civil y el riesgo latente de que el Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, luego de que el Ejecutivo anunciara la formación de una comisión para evaluar dicha posibilidad.

“Sería gravísimo que Perú se retire del sistema interamericano. Sería colocarse en la misma lista de países como Venezuela o Nicaragua, que son hoy dictaduras”, alertó Goebertus. Añadió que, históricamente, Perú ha tenido un papel importante en el desarrollo de jurisprudencia internacional en defensa de los derechos humanos.

Además, la organización advierte sobre la aprobación de leyes como la que reforma la ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que podría restringir el financiamiento a organizaciones civiles y periodísticas. “Al silenciar esas voces, lo que hacen es fortalecer las redes de crimen organizado que esas mismas organizaciones vienen denunciando”, sostuvo.

Una ciudadanía en riesgo y sin protección

Para Goebertus, el escenario actual no es solo una crisis institucional, sino una amenaza directa a la vida cotidiana de los ciudadanos: “Esto no es una cuestión ideológica ni de tecnicismos legales. Es una cuestión de si hoy el Estado peruano está tomando medidas para proteger a la ciudadanía. Y lo que encontramos es que no solo no lo está haciendo, sino que ha tomado medidas para debilitar aún más su capacidad”.

El diagnóstico de Human Rights Watch es contundente: el Perú enfrenta una combinación peligrosa de un Ejecutivo débil, un Congreso fragmentado que actúa en beneficio propio y redes criminales cada vez más fortalecidas. “Hoy, el Perú camina hacia un estado fallido sometido al crimen organizado”, concluyó la directora de la División de las Américas.