
La Fiscalía de la Nación, a través de sus unidades de prevención del delito y flagrancia delictiva, intervino el piso 9 de su propia sede institucional para tomar conocimiento de los hechos y levantar un acta por una posible usurpación de funciones. Según fuentes, Patricia Benavides habría utilizado la denominación de fiscal de la Nación sin haber sido oficialmente restituida en el cargo, lo que configuraría un delito flagrante.
Este lunes 16 de junio, Benavides acudió acompañada de su seguridad privada y efectivos policiales al despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con el objetivo de ingresar al mismo pese a no haber sido comunicada oficialmente sobre su retorno, según lo ordenado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La JNJ anuló el procedimiento de destitución que se le impuso en 2024 y dispuso su inmediato retorno al cargo, instando a que Delia Espinoza la reponga, aunque dicha resolución no ha sido formalizada ante la Fiscalía, lo que genera cuestionamientos sobre su legalidad.
En tanto, desde las afueras del Ministerio Público se registraron tensiones entre simpatizantes de Benavides, como el grupo 'La Resistencia', y quienes rechazan su incorporación.
Este lunes, Patricia Benavides remitió un oficio al Ministerio Público en el que exige a Delia Espinoza que se abstenga de seguir ejerciendo funciones como fiscal de la Nación. Su pedido se fundamenta en la Resolución N.° 231-2025-JNJ, emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que deja sin efecto su destitución y ordena su retorno inmediato al cargo.
Benavides argumenta que, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General, su reposición debe aplicarse de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales. No obstante, omite señalar que dicho acto aún debe ser formalizado a través del Ministerio Público, institución que hasta la fecha no ha oficializado su reincorporación.
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En el escrito, la exfiscal sostiene que la decisión de la JNJ tiene efectos inmediatos desde su emisión, el pasado 12 de junio, por lo que considera que Espinoza ya no puede ejercer actos de gestión o administración en nombre del despacho fiscal. Advierte incluso que continuar haciéndolo podría acarrear consecuencias administrativas y penales.
Sin embargo, especialistas indican que la aplicación de la resolución requiere un proceso interno de ejecución dentro del Ministerio Público, el cual aún no ha concluido. En ese sentido, la exigencia de Benavides no tendría sustento legal inmediato y podría configurarse como un acto anticipado.

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