
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anuló el procedimiento disciplinario que destituyó a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y dispuso su reincorporación al Ministerio Público. La decisión implica también su reposición inmediata en el máximo cargo del Ministerio Público.
La resolución fue adoptada por el Pleno de la JNJ, que declaró la nulidad de oficio del Procedimiento Disciplinario Ordinario n.º 001-2024-JNJ, iniciado por la actuación de Benavides en la remoción de la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla. Como parte del acuerdo, se cancelará la sanción en los registros correspondientes y se rehabilitará su título de fiscal suprema titular.
El documento también ordena oficiar a la actual fiscal de la Nación para que reponga a Benavides en su cargo. La Junta indicó que la decisión retrotrae el proceso hasta antes del informe de instrucción elaborado por la exmiembro Luz Inés Tello de Ñeco.
La anulación del procedimiento no significa el cierre definitivo del caso. La JNJ informó que designará a un nuevo instructor para que continúe con las investigaciones vinculadas a la remoción de Bersabeth Revilla, esta vez bajo un nuevo marco procesal.
Este nuevo proceso también alcanzará a Azucena Inés Solari Escobedo, quien se desempeñó como fiscal suprema provisional, y a Enma Rosaura Benavides Vargas, hermana de Patricia y jueza superior de la Corte Superior de Lima, ambas incluidas en el procedimiento original.
La decisión del Pleno de la JNJ implica que todo lo actuado desde el informe de instrucción anterior queda sin efecto, y que el nuevo instructor deberá actuar conforme a sus atribuciones en un procedimiento que respete plenamente el debido proceso.
En su comunicado, la JNJ reiteró su compromiso con la transparencia, la independencia institucional y el respeto al marco legal y constitucional vigente en todas sus actuaciones disciplinarias.
La resolución deja sin efecto no solo la sanción contra Benavides, sino también la validez del procedimiento que llevó a su destitución, al considerar que este no cumplió con los estándares procesales exigidos.
La Junta sostuvo que todas sus decisiones deben garantizar el debido proceso, como principio rector de su función de control, y que por ello era necesario retrotraer la investigación para que se realice bajo condiciones adecuadas.

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