
El Ministerio Público ha presentado una nueva denuncia constitucional contra dos congresistas. En este caso, se trata de los parlamentarios Guido Bellido, ex primer ministro y actual representante de Podemos Perú, y Roberto Sánchez, miembro de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y exministro de Comercio Exterior y Turismo. Bellido es acusado como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado, mientras que Sánchez es señalado por el presunto delito de negociación incompatible.
La denuncia, presentada por el organismo liderado por Delia Espinoza, fiscal de la Nación, señala que los hechos delictivos habrían ocurrido durante el ejercicio de funciones de Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Según la investigación, Bellido habría utilizado su cargo para influir en la contratación de Daniel Abarca dentro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), liderado en ese entonces por Roberto Sánchez. Este último habría mostrado un interés particular en la contratación de Abarca, presuntamente para obtener un beneficio personal.
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Daniel Abarca ocupó el puesto de asesor en el Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Mincetur. Según el Ministerio Público, dicho cargo le permitió beneficiarse con un departamento ubicado en el distrito limeño de San Miguel. Además, Abarca habría recibido pasajes aéreos para terceros involucrados en los hechos.
Horas antes de que se hiciera pública la denuncia contra Bellido y Sánchez, el Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación presentó el martes 22 de enero una denuncia constitucional contra varios congresistas:
La denuncia señala que habrían cometido el presunto delito de negociación incompatible, perjudicando los intereses del Estado.
Los congresistas habrían influido de manera irregular en la aprobación del dictamen del proyecto de ley 319-2021, que permitió que José Williams Zapata, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín recibieran simultáneamente un sueldo y una pensión, aprovechando su posición en el Congreso. Este hecho ocurrió durante el periodo 2021-2022, cuando integraban la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.
El Ministerio Público destacó en su comunicado que esta doble percepción se realiza sin límites en el monto total, amparándose en su doble condición de funcionarios públicos y pensionistas de las Fuerzas Armadas.

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