El abogado de Jorge Barata, César Nakasaki, negó que su patrocinado no quiera seguir colaborando con la justicia y ser colaborador eficaz y dijo que es el Ministerio Público quien no está cumpliendo con el acuerdo pactado.
Según Nakasaki, cuando se promovió el pedido de prisión preventiva relacionado al caso Gasoducto automáticamente el acuerdo de inmunidad judicial quedó suprimido. Asimismo, cree que este requerimiento terminará por "caer".
"La Fiscalía pretender incumplir el acuerdo de colaboración eficaz (...) el Perú para poder acceder a las pruebas proporcionadas por Brasil se comprometió a otorgar inmunidad judicial y que no haya proceso penal por el caso Gasoducto, y la Fiscalía incumple el acuerdo, le abre proceso penal y propone prisión preventiva (...) esa prisión preventiva se va a caer", precisó.
El abogado Carlos Kauffmann, mencionó en una entrevista que Barata, de nacionalidad brasileña, ya no participará como testigo en futuros procesos relacionados con los sobornos millonarios pagados por Odebrecht a autoridades peruanas a cambio de contratos públicos.
En ese sentido, Kauffmann expresó su preocupación por los riesgos que esta decisión pueda acarrear para las investigaciones, teniendo en cuenta las más de 60 declaraciones realizadas a lo largo de los años. Además, señaló que la orden de prisión preventiva contra Barata, emitida hace menos de dos semanas, representa una violación del tratado de cooperación entre Brasil y Perú.
Jorge Barata. Foto: difusión
A pesar de que Brasil no extradita a sus ciudadanos, las autoridades peruanas planean solicitar a través de la Interpol una orden de arresto internacional contra Barata, lo que podría resultar en su detención en otros países.
Jorge Barata pidió que se revoque el pedido de prisión preventiva en su contra Foto: Composición LR.
El Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía de la Nación ordenó que se incluya a Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, en la investigación preparatoria del caso Gasoducto Sur Peruano y debido a esto, solicitaron 36 meses de prisión en su contra.
Se le acusa de ser cómplice del delito de colusión agravada en agravio del Estado y haber favorecido a Odebrecht en la licitación del proyecto Gasoducto Sur Peruano; asimismo, en la devolución de la carta fianza de dicho plan.