El Congreso ha tomado una decisión que contradice sus propias normativas. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) resolvió no archivar la denuncia constitucional contra Salvador del Solar por la disolución del Congreso en 2019, aunque el plazo de cinco años para el antejuicio y juicio político, establecido en el artículo 99 de la Constitución, expiró el pasado 30 de septiembre.
"Como es de público conocimiento yo cesé en mis funciones como presidente del Consejo de Ministros el 30 de septiembre de 2019, es decir, que al 30 de septiembre de 2024 se cumplieron los cinco años que la Comisión Permanente tenía para presentar una acusación en mi contra", confirmó Del Solar en un video publicado en su cuenta oficial de Youtube.
Sin embargo, pese a que ya pasó casi un mes desde que venció el plazo, la SAC no ha mostrado intenciones de archivar la referida denuncia. Esto ha provocó la indignación del exprimer ministro, quien ha exigido al Parlamento el "archivo inmediato" de la misma.
Blanco de ataques. La coalición congresal ha sometido al exministro Salvador del Solar a un proceso de acusación constitucional.
"La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se encuentra obligada archivar de inmediato las denuncias constitucionales en mi contra. Mi defensa legal ha presentado ya ante la SAC el escrito en el que solicitamos se archiven de inmediato ello", indicó.
Para sustentar su exigencia, Del Solar mencionó que "el 20 de febrero de 2007 la Comisión de Constitución presentó un informe para esclarecer cómo es que debe interpretarse la naturaleza de este plazo de 5 años del que habla el artículo 99 de la Constitución. Este informe dice que se trata de un plazo de caducidad, es decir, que es un plazo que una vez que comienza a correr no puede interrumpirse ni suspenderse ni siquiera si se inicia un procedimiento".
Además, "señala que una vez cumplido el plazo, la caducidad puede declararse en cualquier estado del proceso sin importar cuánto se haya avanzado. En tercer lugar, señala que para los casos de juicio político, como este, una vez cumplidos los 5 años desaparece toda posibilidad de que el Estado busque una sanción política", agregó.
El 3 de octubre el Pleno iba a discutir un informe final para acusar al excongresista Roberto Vieira por presunto tráfico de influencias. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), envió un oficio al titular de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, para que archive el caso debido a que había vencido el tiempo del antejuicio.
Vieira fue congresista en el periodo 2016-2019. Tras la disolución del Congreso, al igual que Del Solar, dejó de ser alto funcionario. El plazo para acusarlos acabó en setiembre.