Salvador del Solar reaparece y defiende disolución del Congreso en 2019: "Fue en el marco de la Constitución"
El ex primer ministro del gobierno de Martín Vizcarra reapareció en una sesión de la SAC para defenderse de la denuncia constitucional en su contra por el cierre del Congreso.
El ex primer ministro del Gobierno de Martín Vizcarra, Salvador del Solar, reapareció ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para defenderse de la denuncia constitucional que existe en su contra debido a la disolución del Congreso en el año 2019. El actor y político de 54 años argumentó que no se puede discutir un asunto jurídico del cual ya ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional en su momento.
"Se han referido a diferentes argumentos para señalar la cuestión de confianza de 3 de septiembre de 2019, así como la posterior disolución del Congreso. Con los 10 minutos de tiempo que tengo no voy a entrar a discutirlos porque jurídicamente ya lo está. Este asunto fue elevado al Tribunal Constitucional, dijo que todo sucedió dentro del marco de la Constitución", dijo en la SAC.
En esa misma línea, del Solar aseguró que es consciente que los hechos ocurridos en aquel año pueden tener argumentos a favor o en contra por el mismo hecho de que se trata de un tema polémico; sin embargo, destacó que es igual de cierto que esto ya se trata de algo que nuestro ordenamiento jurídico considera cosa juzgada y que ya no puede revisarse.
"También habló sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de mayo de 2023 respecto a lo emitido por los magistrados anteriores en torno a la disolución del Congreso. En ese sentido, el ex ministro de Cultura recalcó que en ningún momento se invalidó la sentencia previa.
"Algunos de los argumentos que han utilizado los denunciantes que han precedido en el uso de la palabra se han referido a una sentencia más reciente del 30 de mayo del 2023. El Tribunal Constitucional en la actual composición de magistrados que tiene efectivamente señaló en esa sentencia que no comparte los criterios que sus antecesores utilizó para considerar que la cuestión de confianza y la disolución fueron constitucionales, pero en ningún momento esa sentencia señala que la sentencia previa fue inválida ni que debe haber otro juicio sobre esto", añadió.
¿Qué dice la sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de mayo?
El objetivo principal de la sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de mayo de 2023 fue aclarar y delimitar las competencias entre el Poder Ejecutivo y el Congreso respecto al manejo y la interpretación de las cuestiones de confianza, particularmente en el contexto de su rechazo de plano. La sentencia buscaba resolver un conflicto competencial surgido a raíz de la interpretación del rechazo de plano de una cuestión de confianza por parte del Congreso y cómo esta debería ser tratada legalmente.
En cuanto al cierre del Congreso, sucedido en septiembre de 2019, el Tribunal Constitucional en esta sentencia de mayo de 2023 destaca que, aunque formalmente se votó a favor de la cuestión de confianza propuesta en ese momento, denegó materialmente la misma a través de sus acciones, específicamente al negarse a recibir al Presidente del Consejo de Ministros para debatir y posponer el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional, lo cual fue visto como una denegación fáctica de la confianza.
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Esta interpretación de la denegación de la confianza, donde el Poder Ejecutivo interpretó las acciones del Congreso como una negación, fue fundamental para justificar la disolución del Congreso bajo el argumento de que se había rehusado la confianza de manera material, a pesar de la votación formal a favor.
Asimismo, Francisco Saravia, expresidente y actual magsitrado del TC, para Canal N afirmó lo siguiente: “Con esta sentencia queremos poner un límite, queremos pasar la página, queremos que esta situación no se repita. Es decir, que el Poder Ejecutivo no sea el intérprete o la voz del otro poder (Legislativo) para decir usted me ha denegado la confianza”, explicó. En otras palabras, esta denuncia constitucional no tendría efecto contra aquellos denunciados constitucionalmente.
