Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Barata por el delito de colusión en caso Gasoducto Sur

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Jorge Barata por la investigación preparatoria que se inició por el caso Gasoducto, que involucra al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia. Si bien Jorge Barata reside en la ciudad de Sao Paulo en Brasil, se deberá poner a disposición de las autoridades en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación a su defensa.

"Declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva formulado por la Fiscal Provincial del Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial en contra del investigado Jorge Henrique Simoes Barata de nacionalidad brasilera", dice la resolución del Poder Judicial que accedió La República.

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El documento también indica que las autoridades brinden la notificación a la Policía Internacional (Interpol) con el objetivo de que colabore en la captura de Barata para que cumpla con el requerimiento. Jorge Barata fue incorporado en la investigación del caso Gasoducto tras la anulación de su acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público.

Este acuerdo, que involucraba al exsuperintendente de Odebrecht, fue revocado por decisión de la Corte Suprema el 21 de junio, a solicitud del Equipo Especial, luego de que Barata se rehusara a testificar en el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Jorge Barata tiene peligro procesal de fuga

El fiscal a cargo argumentó que Jorge Barata tiene riesgo procesal de fuga, debido a que no tiene bienes en el país. También determinó que tendría posibilidades para viajar ale exterior porque según su récord migratorio se observó que seguidamente viaja al extranjero.

¿Qué es el caso Gasoducto Sur Peruano?

El caso Gasoducto Sur es uno de los más grandes de las investigaciones relacionadas a la empresa brasileña Odebrecht. Supuestamente la compañía habría dado grandes coimas para poder ganar contratos con el estado para una obra que nunca terminó.

Este megaproyecto energético más ambicioso del Perú, que planteaba la construcción de una tubería de 1 000 kilómetros para transportar gas natural desde el yacimiento de Camisea, en Cusco, hacia Moquegua, abarcando seis regiones del país, acción que permitía brindar seguridad en los suministros del combustible.

En junio del 2014, Odebrecht, en consorcio con la española Enagas y la peruana Graña y Montero, consiguió la adjudicación de la construcción y operación del gasoducto, luego que el Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, liderado entonces por Edgard Ramírez, exconsultor de la constructora brasileña, descalificó a la unión de las empresas GDFSuez, Sempra, Techint y TGI.

Casi un mes después, el Gobierno peruano, entonces dirigido por el expresidente Ollanta Humala Tasso, suscribió un contrato por 34 años con Odebrecht, Enagás y Graña y Montero por el Gasoducto Sur Peruano, cuya adjudicación fue valorizada por más de 7 000 millones de dólares.