Plazo para que el TC se pronuncie sobre la JNJ venció hace más de un mes

El 10 de abril, el Pleno del Congreso autorizó a su entonces presidente, Alejandro Soto, a presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del Poder Judicial por el caso de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez. Esta fue admitida a trámite el 25 de abril. La vista de la causa (es decir, el informe oral de las partes) fue el 10 de julio, en Arequipa. Más de dos meses después, todavía no hay una sentencia.

Pero lo que sí hay es un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución, presidida por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), que pretende que los votos necesarios en el TC para declarar fundada una demanda competencial bajen de cinco a cuatro.

Ambos hechos -la demora inexplicable del TC en dar una sentencia sobre un caso tan relevante y el dictamen promovido por el fujimorismo y sus satélites- no parecen estar aislados. Sobre todo, si se repara en que los plazos para que el máximo intérprete constitucional anuncie su decisión ya se encuentra recontra vencidos.

En efecto, el Código Procesal Constitucional señala en su artículo 111 que una demanda competencial se regula de acuerdo con los procedimientos del proceso de inconstitucionalidad, el cual otorga treinta días de plazo para la emisión de sentencia luego de la vista de la causa. Esto venció en agosto.

Fuentes con conocimiento advirtieron que no existen los cinco votos que le darían la razón al Legislativo en sus pretensiones. Apenas serían cuatro. El dictamen de Constitución ayudaría a que este obstáculo sea superado.

“El Congreso está cambiando las reglas de un proceso ante el TC en el que el mismo Congreso es parte y en el que el plazo para sentenciar con las reglas hoy ya venció”, explicó el constitucionalista, Omar Cairo. Él y su colega, César Azabache, advirtieron que esta manipulación -que consiste en bajar la valla de votos cuando no se cuenta con los que la ley vigente exige- recuerda a lo que el Parlamento fujimorista hizo en los noventa, cuando se debatía si el caso La Cantuta debería verse en el fuero civil o militar.  

Precisamente, la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) emitió un pronunciamiento en el que se afirma que el dictamen de Constitución se da “en circunstancias que está pendiente desde hace meses la emisión de la sentencia en el proceso competencial iniciado por el Congreso contra el Poder Judicial sobre la inhabilitación de dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia”. Y añade que “resulta completamente recusable y grave que el Congreso atente contra el procedimiento preestablecido por ley cambiando las reglas de la votación para favorecerse a sí mismo respecto a un caso pendiente de votación, forzando así el sentido de un fallo. Corresponde al Tribunal Constitucional votar ya una causa con los plazos vencidos y no prestarse a la modificación legal”.