Mesa de Movimientos Laicales pide que se anule la ley de impunidad: “Hay intereses personales”

La Mesa de Movimientos Laicales del Perú se sumó al pronunciamiento del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana y exigen, por medio de un comunicado, la nulidad de la ley de impunidad que modifica los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación nacional. La decisión se debe, según precisaron, a la ausente justicia para los familiares de las víctimas en el periodo de violencia política.

"Es lamentable que, una vez más y en forma reiterada, se utilizan las posiciones de poder, no para servir a la ciudadanía y aportar a la búsqueda del bien común, sino para beneficiar a intereses personales o de grupos que, en este caso particular, tienen una deuda con la justicia y con las familias de las víctimas caídas en infames circunstancias que es necesario no olvidar", se lee en el escrito.

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Para esto, sustentaron su posición en el comunicado del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana que instó a las autoridades, entidades y a la sociedad civil a ceñirse a la Constitución para buscar la anulación de la referida ley promulgada por el Congreso.

"A través de este mensaje, hacemos explícito nuestro respaldo a este pronunciamiento que hacen los obispos para la nulidad de la referida norma", indicaron.

También, agregaron: "Este es el momento de hablar claro y de tener una voz firme. Por ello, hacemos un llamado a los integrantes de los movimientos laicos que inspirados en el mensaje de Jesús defienden la vida, a leer y reflexionar sobre el contenido del Comunicado del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana en sus reuniones comunitarias, así como a difundirlo para que tenga un mayor alcance en la sociedad".

Por su parte, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana ha advirtió que la norma promulgada por el Legislativo replica el texto legal de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1097 de 2010, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2011.

De acuerdo con la Conferencia Episcopal Peruana, la norma "pone en grave riesgo la aplicación de una verdadera justicia, así como la responsabilidad sobre el daño causado y el resarcimiento a las víctimas y sus familiares por las graves violaciones de los derechos humanos". Adicionalmente a ello, "el Perú no puede ni debe- contradecir ni apartarse de tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía".

"Esta ley contradice el mandato ético y moral de proteger la dignidad humana, debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo la integridad del compromiso cristiano con la justicia y el bien común", explicaron.