Acuerdo de Mesa Directiva durante gestión de Alejandro Soto pone en riesgo edificio considerado monumento histórico
Al ser un monumento histórico no se le pueden realizar modificaciones a su infraestructura sin la autorización del Ministerio de Cultura y sin los procedimientos técnicos adecuados.
Un acuerdo de la Mesa Directiva, entonces presidida por Alejandro Soto Reyes, generó una nueva polémica en el Congreso de la República, ya que se dispuso una construcción sobre uno de sus edificios considerados monumento histórico, sin contar con los permisos requerido por el Ministerio de Cultura. Contrario a ello, Prolima notificó al Parlamento el riesgo de realizar la modificación, pero igual la ejecutó.
Se trata del hospicio Ruíz Dávila, declarado patrimonio cultural de la Nación y que es una de las sedes de Palacio Legislativo. Hoy se encuentra en riesgo de deteriorarse severamente tras la ejecución de un contrato firmado por los mismos parlamentarios.
Al respecto, Jorge Antonio Orrego, presidente de la Comisión de Defensa del Patrimonio Arquitectónico del Colegio de Arquitectos, indicó que esta decisión dañará irreparablemente a la infraestructura histórica: “Yo le podría decir que es un atropello. Se ha atropellado a este monumento, se ha atropellado a un trabajo premiado, reconocido, se ha atropellado a todos nosotros”.
De la misma opinión es el congresista Héctor Valer: “Es un atentado contra el patrimonio cultural. Porque el Hospicio está considerado por resolución suprema como un patrimonio cultural”.
A finales del año pasado, la Mesa Directiva de Alejandro Soto autorizó la contratación del “servicio de impermeabilización de techo Hospicio Ruíz Dávila”. Supuestamente, el fin era protegerlo de las lluvias y filtraciones. En abril de este año comenzaron los trabajos, que todo apunta, ponen en riesgo este monumento del país. El Congreso dice que el material metálico fue de aluminio. Los Términos de Referencia indican acero galvanizado.
Un monumento histórico en peligro
Recordemos que, el Hospicio Ruiz Dávila lleva el galardón de monumento histórico de la Nación desde 1972. Está protegido por la ley. Nadie puede poner un solo clavo en su infraestructura, sin la autorización del Ministerio de Cultura y sin los procedimientos técnicos adecuados.
Por la fuerza del tiempo, después de casi dos siglos, el monumento, que yacía en las ruinas, fue restaurado entre el 2010 y 2012 por el Congreso de la República de entonces. Ganó premios por su belleza e historia, los mismos que el actual Parlamento afecta con esta estructura en casi todo el monumento de 2700 metros cuadrados.
Durante los trabajos, tras una inspección a este monumento protegido por la ley, La Municipalidad de Lima, a través de PROLIMA, le pidió al Congreso que desistiera del proyecto, invocando las normas ediles que debían cumplirse.
“Dicha instalación de perfiles y cobertura no está permitida, ni es adecuada ya que altera el paisaje urbano arquitectónico de la zona y genera un sobrepeso innecesario en la edificación y no cuenta con autorización municipal”, se lee en el documento emitido por la institución.
La respuesta del Congreso fue no paralizar la construcción. El ganador de este cuestionado servicio fue el Consorcio Santos, integrado por la empresa Terrazas y Bungalows y Emma González Huamán. El dominical verificó su domicilio legal y podo constatar que es un edificio en Villa El Salvador sin distintivo empresarial.
El contrato que suscribió el consorcio Santos no aparece en el portal del OSCE. No hay transparencia, por tanto, no es público cuánto costó todo este armatoste sobre Hospicio Ruíz Dávila, patrimonio cultural de la nación. La empresa de este hombre tampoco tiene contratos con el Estado.