Gustavo Adrianzén minimizó ley de impunidad del Congreso y justificó que Gobierno no la haya observado

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, aseguró en conferencia de prensa que la ley que prescribe delitos de lesa humanidad no promueve la impunidad. "Nosotros tuvimos un debate interno muy intenso y finalmente desde el Ejecutivo se decidió no observarla", expresó el titular de la PCM, quien presume que, si el Congreso lo considera pertinente, serán ellos quienes se encarguen de promulgarla en los próximos días, de acuerdo con el artículo 80 del reglamento parlamentario.

"Con relación a la controversia, esta radica en que lo señalado en el Estatuto de Roma y la convención internacional sobre imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad son aplicables al Perú solo después de la publicación de la ley. Así que, desde el punto de vista de implicancia penal, no es cierto que la mencionada ley promueva la impunidad. Nada más lejano de aquello" agregó Adrianzén.

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Respecto a la aplicación de la norma, el presidente del Consejo de Ministros señaló que, en el supuesto de que no se aplicara la ley subsistiría el problema de la implementación del derecho internacional penal en el Perú, pues a la fecha no existe el delito de lesa humanidad ni tampoco el de crímenes de guerra. "Sé que hay opiniones a favor y en contra de esta posición. Sin embargo, nosotros como Ejecutivo esperaremos que el Congreso de la República promulgue la ley y de allí se verá lo relativo a su aplicación".

Finalmente, se refirió a las opiniones que el presidente del Poder Judicial tuvo sobre la ley que prescribe delitos de lesa humanidad y señaló que si "algún juez encontrara que esta norma no es acorde con la constitución, simplemente no la aplicarán para el caso concreto".

Corte IDH responde a carta enviada por Dina Boluarte y el Congreso

La Corte IDH respondió a la carta que enviaron los titulares del Ejecutivo y el Legislativo a inicios de julio, y exigieron que se garantice la justicia a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, respecto a la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad que no fue observada por Dina Boluarte y está pendiente que el Congreso la promulgue.

En su respuesta, el organismo judicial destacó que dicha comunicación surgió a raíz del rechazo por parte de Boluarte y el entonces presidente del Congreso, quienes señalaban una supuesta intromisión de la Corte IDH al pronunciarse y pedir que evitaran la aprobación de la ley.

Asimismo, le recordó al Gobierno de Dina Boluarte que el Perú, al ser Estado parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, se le impone la obligación de cumplir con las decisiones de la Corte IDH, incluida las medidas provisionales. "Dicho cumplimiento debe llevarse a cabo de buena fe y es vinculante para el Estado en su totalidad, abarcando a todos sus poderes, órganos, instituciones y autoridades públicas", señalaron.

Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le reiteró a Dina Boluarte la solicitud de enviar un informe detallado y completo sobre las acciones que se están llevando a cabo para "cumplir lo dispuesto en la resolución suscrita el 1 de julio y notificada al Estado peruano".