José Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, exhortó al Congreso de la República a desechar una propuesta que busca modificar la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Según el diplomático guatemalteco, esta propuesta "viola los derechos de los Pueblos Indígenas y de la sociedad civil en general".
El dictamen, que fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ha desatado críticas no solo a nivel local, sino también internacional. "El dictamen para modificar la Ley 27692, relacionada con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), viola esencialmente derechos fundamentales de grupos indígenas y otros sectores civiles. Por ello, recomiendo que el Congreso no proceda con esta reforma", declaró Calí Tzay en una comunicación a través de X.
Recordemos que la APCI, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido punto de interés para 16 embajadas y delegaciones internacionales, quienes previamente han manifestado su preocupación por las implicaciones de la propuesta de reforma.
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El canciller Javier González Olaechea desestimó las declaraciones de las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y miembros de la delegación de la Unión Europea en relación con el proyecto que pretende fortalecer la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y, en consecuencia, restringir las actividades de las ONG en Perú.
En una entrevista con RPP Noticias, el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores calificó de "injerencia" las advertencias de las embajadas de 16 países, señalando que Perú no interviene en las reformas legislativas de otras naciones.
"Las opiniones emitidas por algunas embajadas tienen un tono injerencista. Cuando en otros países se realizan cambios legislativos, Perú no se pronuncia al respecto. Somos muy respetuosos", afirmó.
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La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República aprobó recientemente un dictamen que podría tener un impacto considerable en las 995 ONG registradas en el país. Esta decisión legislativa pone en peligro la institucionalidad y podría afectar tanto el funcionamiento como los derechos fundamentales de estas organizaciones no gubernamentales.
La iniciativa, aprobada por los miembros de dicha comisión, modifica algunos artículos de la Ley 27692, que establece la creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con el propósito de regular sus competencias de fiscalización de las ONG. Para este cambio, se han presentado un conjunto de seis proyectos de ley.
Según el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruiz, el proyecto de ley contiene argumentos muy amplios y genéricos, lo que podría dificultar un esclarecimiento más profundo para la fiscalización de las ONG y abrir la puerta a posibles abusos. No obstante, aclaró que no se oponen a las labores de supervisión, pero que las premisas presentadas deben ser más claras.
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Ruiz destacó que el Tribunal Constitucional ha establecido que cuando una ONG comete una infracción, debe ser sancionada por escrito de manera clara y precisa. Además, indicó que se deberían especificar los términos para el uso adecuado de los recursos asignados.