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Política

Gobierno desactiva equipo policial que apoya a Fiscalía que investiga a Boluarte

Pretexto. Resolución firmada por el ministro del Interior alega que hay duplicidad entre este grupo y la Diviac. Colaborador eficaz dijo que mandataria mandó a desactivar el Eficcop.

larepublica.pe
De élite. Equipo policial cargaba con trabajo especializado que hacía avanzar investigaciones. Foto: difusión

El Gobierno desactivó al grupo de élite de la Policía que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que investiga a la presidenta Dina Boluarte.

Con una resolución del Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo anuló las anteriores disposiciones de la misma entidad que dieron pie a la conformación en la Policía del Equipo Especial de apoyo al Eficcop.

El Gobierno alega que hay duplicidad entre este equipo policial y la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) de la institución. Con el argumento de que el Estado debe evitar dobles funciones, eliminó este grupo clave en las investigaciones que complican a Boluarte y su entorno, entre otros poderosos de nuestro país.

La resolución que desactiva este equipo policial de élite es firmada por el ministro del Interior, Walter Ortiz. Se sostiene en un informe del Equipo de Asesoramiento Inmediato de la Comandancia General de la Policía y un oficio de la Dirección de Asesoría Jurídica de la entidad, ambos elaborados este año.

Tiene venia del comandante general de la Policía Víctor Zanabria y de su Dirección de Asesoría Jurídica, que lidera el general Juan José Serrano Herrera.

Gran aporte

El equipo policial fue creado en gestión del entonces ministro Mariano González en julio del 2022 como una muestra de apoyo a la lucha anticorrupción cuando el gobierno de Pedro Castillo escalaba en descrédito.

El equipo era liderado por el coronel Harvey Colchado, actualmente suspendido por una foto de una torta por su cumpleaños que recordó el allanamiento a la casa de Boluarte.

Este grupo policial y Eficcop, de la Fiscalía, lograron confesiones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides, que incluyen presuntas conversaciones de Boluarte sobre nombramientos en el Gobierno en “apoyo mutuo” con la Fiscalía de entonces.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, ha sido el primero en tratar de justificar este cuestionable paso dado.

“Entiendo que esta es una decisión netamente administrativa (…). Seguro esto se va a ver en el Consejo de Ministros. (...) No se ha visto. (...) Parte de una decisión administrativa que entiendo que ha sido evaluada por el sector. Se ha tomado una decisión y me imagino que eso tendrá comentario en el Consejo de Ministros”, sostuvo en entrevista a la estación televisiva Canal N.

Otras voces del Gobierno no quisieron pronunciarse aún.

En la mira

Este equipo de élite estaba en la mira de Boluarte, según testimonios y diversos indicios. Un colaborador eficaz del Ministerio Público declaró que la mandataria mandó a desactivar el Eficcop y el grupo policial que apoya la labor de estos fiscales.

“Vinculación de la presunta organización delictiva”, “Inteligencia criminal en la sombra” y acciones para desacreditar, quebrantar y desmembrar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y el Equipo Especial de la PNP en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, por encargo de Dina Boluarte Zegarra”, se menciona en un documento de la Fiscalía, que sostiene su tesis.

“Es una venganza de la presidenta, falta reacción"

"Es un golpe al corazón de la lucha contra la corrupción. La desactivación del equipo policial que trabajaba con la fiscal Marita Barreto es una venganza, claramente tomada desde lo más alto del poder, Dina Boluarte, por las investigaciones que están en curso contra ella y su hermano. Lo que no pudo lograr Pedro Castillo lo está logrando Boluarte. Dependerá de nosotros reaccionar", dice el exministro del Interior Carlos Basombrío.

La constitucionalista Beatriz Ramírez aduce que esta decisión debería sancionarse como infracción constitucional e inhabilitar a Boluarte por actos de aprovechamiento del cargo para beneficios particulares.