Perú responde a la Corte IDH: Liberación de Fujimori no es un desacato
Gobierno insiste en que el indulto humanitario a Fujimori se dio por su grave enfermedad, sin mencionar que tras salir se evidencia su buen estado de salud. Aprodeh advierte que el Estado deja de lado sus obligaciones internacionales y el derecho de las víctimas.
Al borde de la ampliación del plazo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio al Estado Peruano para informar sobre la liberación de Alberto Fujimori por orden del Tribunal Constitucional, envió su respuesta, afirmando que la aplicación de su indulto humanitario está acorde al principio de proporcionalidad y los estándares del sistema interamericano, e insisten en que se le concedió por su edad avanzada y deterioro físico y mental por ser un adulto mayor con enfermedades.
Pese a que en diciembre del año pasado la Corte IDH emitió una resolución señalando que Perú había incurrido en desacato con la liberación de Fujimori, quien fue condenado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, en el documento de casi cincuenta páginas enviado por el Estado hace semana, asevera lo contrario.
Señala que han cumplido con el control constitucional según la resolución del tribunal supranacional de mayo del 2018, optando por la protección del sentenciado exjefe de Estado por ser un adulto mayor, e incluso asegura que mantenerlo en prisión, donde ha pasado 16 años, sería inconstitucional y contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos.
En el marco de la supervisión de sentencia en ambas matanzas cometidas por el Destacamento del Ejército “Colina”, el Estado inicia el documento con una cronología desde que, en el 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió el beneficio humanitario a Fujimori, sin mencionar que lo hizo en medio de anuncios de ser vacado por el Congreso.
Más bien, el Estado acusa al tribunal supranacional de actuar indebidamente al pronunciarse sobre el caso antes de agotarse la vía interna afectando el debido proceso con las medidas provisionales de marzo del 2022, en que requirió no ejecutar el fallo del Tribunal Constitucional de disponer la libertad de Fujimori.
Asimismo, defiende la competencia del ente constitucional peruano de ver el caso Fujimori, y no la justicia penal, y que el 2017 una junta médica recomendó su excarcelación, sin informar que uno de sus integrantes fue doctor del condenado expresidente y que los informes médicos sobre su salud fueron suscritos por una especialista de la Clínica Centenario, donde él solía acudir a tratarse, entre otros aspectos.
Además, minimiza el escrito de los abogados de los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta informando a la Corte IDH sobre el buen estado de salud que se observa en Fujimori tras salir de prisión, reflejada en sus apariciones públicas. El gobierno dice que en más de tres meses solo ha salido dos veces, lo que más bien evidencia los problemas de su edad.
Estado deja de lado a las víctimas
Por su parte, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), que representa a las víctimas, califica esta respuesta como una vergüenza.
“Está tratando de justificar un abierto desacato bajo el argumento de la falta de agotamiento de recursos internos que lo único que hace es mostrar el desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y sistema interamericano. Están justificando un indulto que quedó demostrado era un acuerdo político que no tenía nada de humanitario”, declaró a La República.
Remarcó que el gobierno “deja de lado el derecho de las víctimas y sus obligaciones como Estado para justificar un acto que es producto de canjes políticos”.