El congresista Luis Aragón, de la bancada Acción Popular, presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 264 del Decreto Legislativo 957 del Nuevo Código Procesal Penal con la finalidad de modificar el plazo máximo de una detención preliminar de 10 a 15 días. Según la iniciativa, esto permitiría a los organismos jurisdiccionales disponer de más tiempo para evitar situaciones de impunidad en el país.
Una de las principales razones expuestas es que al aumentar a 15 días el plazo máximo de la detención preliminar se evitará la liberación de delincuentes capturados en flagrancia por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).
En el caso de los detenidos en flagrancia, la iniciativa indica que en muchos casos los detenidos quedan en libertad por falta de tiempo para realizar las diligencias requeridas para recabar y entregar medios probatorios que fundamenten la necesidad de una prisión preventiva o que sirvan para una rápida sentencia.
En tanto, Luis Aragón también plantea la ampliación de la lista de delitos por los cuales un juez puede ordenar la detención preliminar de un investigado, incluyendo ahora los delitos de extorsión, sicariato, secuestro y corrupción de funcionarios.
En tanto, el acciopopulista indica que este proyecto busca enfrentar los casos recurrentes de integrantes de bandas criminales y delincuentes que, pese a ser detenido en condición de flagrancia y quedar a disposición del Poder Judicial y Ministerio Público, son puestos —en pocas horas— en libertad.
“Con el proyecto de ley que estamos presentando, será mucho más difícil que casos como estos vuelvan a repetirse (delincuentes puestos en libertad). Tenemos que otorgarles a los organismos que administran justicia, las herramientas necesarias para que cumplan con su trabajo y podamos, juntos, combatir la delincuencia de manera más efectiva”, afirmó.
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De acuerdo al Código Procesal Penal, la detención preliminar es la privación de la libertad personal de un investigado por un breve tiempo (actualmente fijado en 10 días), con la finalidad de evitar que este huya o fugue del país. Es una medida de coerción personal que se aplica durante la etapa de investigación preliminar.
En cuanto a cómo se ordena la detención preliminar de un presunto delincuente, es el fiscal quien solicita ante un juez que se disponga esta medida y no se necesita audiencia previa ni notificación del imputado.
Aquí se debe hacer una diferenciación con la figura de la prisión preventiva, la cual es una medida que restringe la libertad personal de un investigado para asegurar que acuda a todas las diligencias, garantizando una adecuada investigación de los hechos durante la etapa preparatoria. El plazo máximo para ello es de 36 meses y se cumplen en un penal dispuesto por el INPE.