El Poder Judicial rechazó la solicitud de recusación presentada por la defensa legal de Betssy Chávez, expresidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Castillo; el pedido buscaba que el juez supremo Juan Carlos Checkley se aparte del caso que se le sigue en su contra por el frustrado intento de golpe de Estado del último 7 de diciembre del 2022. Ella está en calidad de investigada bajo prisión preventiva.
De acuerdo a al pedido de recusación, Juan Carlos Checkley evidenciaría una presunta falta de imparcialidad al haber sido señalado como parte de una organización criminal liderada por la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Se le acusa de un presunto intercambio de favores con la finalidad de beneficiarse en una investigación fiscal que recae en su contra en Piura.
En tanto, el mencionado juez supremo negó tener relación con Jaime Villanueva o con Patricia Benavides, así como haber participado en un presunto intercambio de favores. Por ende, desestimó los argumentos de la defensa de Betssy Chávez para inhibirse del caso por supuesta imparcialidad y objetividad.
La defensa de Betssy Chávez hace referencia a una declaración que brindó Jaime Villanueva Barreto, exoperador de Patricia Benavides, ante el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, en la que indicó que el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley habría aceptado archivar una investigación contra la jueza superior Enma Benavides a cambio de ser favorecido en un proceso en su contra.
Checkley está investigado en el caso denominado como Los Ilegales de Piura, una supuesta red de magistrados que aceptarían sobornos a cambio de fallos judiciales. El caso se encuentra en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del fiscal Uriel Terán. Este también tendría en sus manos el caso de la hermana de la suspendida fiscal.
De acuerdo a Jaime Villanueva, Juan Carlos Checkley debía aceptar el sobreseimiento a favor de Enma Benavides. A cambio, el fiscal Uriel Terán archivaría la investigación de Los ilegales de Piura que lo involucra.
Por otro lado, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial imponer 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. Esto en referencia al fallido intento de golpe de Estado del exmandatario, quien se encuentra bajo recluido en el penal de Barbadillo.
Para quienes serían sus cómplices, el Ministerio Público pidió 25 años de pena privativa de la libertad para Betssy Chávez (jefa de la PCM durante el golpe de Estado) y 15 años para Aníbal Torres, quien ya no era ministro, pero se desempeñaba como asesor presidencial. También 25 años para los exministros Roberto Sánchez (Mincetur) y Willy Huerta Olivas (Interior).