Un informe del programa 'Punto final' relató el conflicto entre dos mineros en formalización que se disputan una misma concesión minera y que ha dejado en descubierto extrañas cercanías del congresista de Alianza para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana con uno de ellos.
Herasmo Mestas manifiesta que en el año 2020, Eloy Saxi Arapa se inscribió en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en el lugar que él dispone. Y si bien en un primer momento logró que se la retiren, Saxi revirtió la decisión de Gobierno Regional de Madre de Dios con la asesoría de su entonces abogado, el actual congresista Eduardo Salhuana, tal como consta en dos escritos de marzo y junio de 2021 a los que accedió la Unidad de Investigación de 'Latina noticias'.
El parlamentario apuntó que el caso se vio en Puerto Maldonado, en la Dirección Regional de Energía y Minas, luego en la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno regional. “Se ganó en las dos instancias y ahí terminó el procedimiento en la región. Yo dejé el caso y ya eso fue en febrero, marzo, no recuerdo bien, y en abril fueron las elecciones y ya dejé el caso en la campaña electoral”, explicó sobre su actuación.
'Punto Final' anota que Salhuana se confunde, porque cuando firmó como abogado de Eloy Saxi en el escrito del 7 de junio de 2021, no solo había terminado la campaña, sino también las elecciones, y ya empezaban a salir los resultados electorales.
Herasmo Mestas está convencido de que el apoyo del legislador al minero Eloy Saxi siguió en el tiempo a través de su asesora en el Congreso, Saby Meza.
“Esa abogada es asesora del doctor Salhuana en el Congreso de la República. Sigue metiéndose ahí, tengo que quejarme a la Ética del Congreso para que se me haga justicia”, señala Mestas.
En las imágenes de una audiencia del martes 13 de diciembre de 2022, a las 10.30 de la mañana, cuando Eduardo Salhuana ya es congresista, se ve a Saby Meza representando a Eloy Saxi, en horario de oficina, ante el Consejo de Minería. La abogada experta en derecho minero dice que su trabajo fue muy puntual, y rechazó un posible conflicto de intereses.
Argumentó que quien lo comete debe ser servidor civil o público "y yo no soy una servidora civil o pública". "Yo no soy un funcionario, soy un trabajador de confianza", añadió.
Dijo que a Saxi lo conoce porque le llamó por teléfono para hacerle unas consultas y que estaba muy preocupado, ya que no sabía cómo iba su caso. Y más, hasta ese momento no sabía que Eloy Saxi había sido cliente de su jefe, el congresista.
“Me enteré en un viaje a Puerto Maldonado, yo no soy de Puerto Maldonado, fui a un viaje, creo que en semana de representación, y en ese trance es cuando me entero de que había sido patrocinado del doctor Eduardo; obviamente no voy a continuar un tema que puede causar un conflicto, o etc., o en realidad no lo veía, porque pienso como abogada, me baso en la norma”, trata de explicar su participación.
Por su parte, el congresista Salhuana sostiene que dejó el patrocinio del minero Eloy Saxi al asumir el cargo, pero 'Cuarto poder' encontró una notificación del Ministerio de Energía y Minas de una audiencia de diciembre del 2022 entregada un mes antes al minero Eloy Saxi en la dirección de Eduardo Salhuana en Puerto Maldonado. En esa dirección también funciona la oficina de enlace parlamentario de su despacho.
Sobre este documento, el congresista respondió: “Me imagino que, porque esa era la dirección que, lo que pasa es que este fue un proceso bastante dilatado, hubo inspecciones, verificaciones, audiencias, escritos. Se tramitó ante la Dirección Regional y Gerencia de Desarrollo Económico, entonces, había que acreditar un domicilio procesal, y se acreditó mi oficina de abogado, que es mi domicilio”.
Al respecto, el abogado experto en derecho público, José Naupari, refirió que el congresista, una vez que tiene conocimiento que ha sido electo en el cargo y va a jurar, tendría que haber renunciado al patrocinio. “Y si es su propio domicilio, evidentemente, hablar con su patrocinado para pedir que le cambien el domicilio procesal porque él no puede tener ninguna vinculación con ese procedimiento, sea administrativo, judicial, disciplinario, no puede tener ese vínculo”, precisó.
'Punto final' resaltó que coincidentemente Eloy Saxi sería uno de los directamente beneficiados del último proyecto polémico de los padres de la patria. Esta semana, cientos de pequeños mineros protestaron en Lima contra una disposición del Decreto Legislativo 1607 que sinceraba del Reinfo.
El experto en derecho ambiental, César Ipenza, señaló que este decreto decía que este 20 de marzo se sacaba del Reinfo a aquellos mineros que no cumplen las condiciones de formalización, o tienen Reinfo suspendido.
“El miércoles 13 de marzo, el Pleno del Congreso se tumbó la ley que impedía el avance de la minería ilegal. No estaba en la agenda del Pleno hasta ese mismo día, no tuvo dictamen de la Comisión de Energía y Minas, y hasta la Sociedad Nacional de Minería lamentó el retroceso en la lucha contra la primera economía criminal del Perú, la minería ilegal”, acotó César Ipenza.
El congresista Eduardo Salhuana, que también presentó un proyecto de similar tenor e impulsó el tema, celebró con los mineros su victoria. Ellos ya no perderán sus registros este 20 de marzo y podrán seguir operando sin restricciones.
Eloy Saxi, excliente de Salhuana y actual cliente de la asesora de Salhuana, tiene dieciséis Reinfos, según la web del Minem. Once de ellos están suspendidos, y con la ley aprobada han sido salvados por este Congreso.
La abogada asesora del parlamentario, Saby Meza, insiste en que no hay conflicto de interés al asesorar al excliente de su jefe y al trabajar en una oficina que promueve leyes que pueden beneficiar a su patrocinado.
El especialista en derecho minero Diego San Martin Villaverde afirmó que "al ilegal le interesa tener la forma del minero informal, porque al informal no lo persiguen las acciones de interdicción, mientras que, al ilegal, sí". "Se ha convertido en una figura que se ha pervertido completamente", adicionó.
En tanto, la denuncia de Herasmo Mestas ya ingresó a la Comisión de Ética del Congreso.