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Política

Dina Boluarte hace llamado a la reflexión al Congreso por JNJ: “Equilibremos los poderes del Estado”

Magistrados de la Junta Nacional de Justicia se encuentran a un paso de la destitución. Este miércoles 6 de marzo podría votarse el informe final de la SAC en el Pleno. De aprobarse, se concretaría un golpe letal a la JNJ.

Jefa de Estado no quiso calificar como error del Congreso una eventual destitución de los magistrados de la JNJ, pero sí pidió reflexión. Foto: Presidencia

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció —en conferencia de prensa— sobre la posibilidad de que el Congreso aseste la última estocada contra la Junta Nacional de Justicia, al aprobar en el Pleno —en una sesión que se programaría para el próximo miércoles 6 de marzo— el informe final de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que recomienda la destitución de los magistrados de la JNJ y su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

En razón de ello, la jefa de Estado hizo un llamado a que el Parlamento reflexione previo a la crucial votación, la cual podría dejar inoperativa temporalmente a una institución vital para el funcionamiento del aparato de justicia, como la JNJ. Instó a que se apunte a un equilibrio de poderes por el bien de la democracia.

“Creo que, en un país democrático, en un Estado de derecho, tenemos que equilibrar los poderes. Así es que llamamos al Congreso a una reflexión a efectos de que podamos equilibrar esos poderes para que podamos tener un país que, para afuera y para adentro, pueda garantizar un país democrático, estable, seguro, equitativo”, dijo.

Evita calificar de error una posible inhabilitación

Boluarte Zegarra se mostró cuidadosa al momento de elegir sus palabras para solicitar reflexión al Congreso. Evitó calificar de error que el Parlamento opte por destituir a los siete magistrados de la JNJ incluidos en la denuncia constitucional. Desde el inicio de su gestión, la mandataria ha evitado confrontar al Legislativo, incluso en temas claves y generaron cuestionamientos.

“No lo estoy diciendo (que sea un error). Llamamos a la reflexión al Congreso para que podamos seguir manteniéndonos como un país que respete la institucionalidad, que respete la Constitución. En un Estado de derecho creo que tiene que haber equilibrio, tiene que haber equidad”, declaró en el Cercado de Lima.

¿Cuál es el siguiente paso en el Congreso respecto a la JNJ?

En la sesión del Pleno, al igual como ocurrió en la Comisión Permanente, los siete magistrados comprendidos en la denuncia tienen el derecho de acudir solos o junto con sus abogados a ejercer su defensa. En la última sesión del lunes 27, solo intervinieron Antonio de la Haza (presidente de la JNJ) y Aldo Vásquez Ríos (vicepresidente), además de los abogados acreditados Samuel Abad y Omar Cairo. Se planteó una defensa institucional, más que individual.

En cuanto a los votos necesarios para la aprobación del informe final, respecto a la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública, de acuerdo al artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, se establece que este se podría aprobar con 66 votos: “El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, se adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente”.

En tanto, para la aprobación de la acusación constitucional, el reglamento indica que se “requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente”. Es decir, se necesitarían 51 votos. Cabe la posibilidad de que sí alcancen los votos para la acusación constitucional, pero no para la inhabilitación de los magistrados.

De aprobarse la recomendación del informe, el “expediente con la acusación constitucional es enviado al Fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución”. En lo referido al juicio político, tienen un efecto inmediato y los magistrados no podrían ejercer cargos públicos por 10 años.

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