La reacción intimidatoria de parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra el caricaturista de La República, Carlos Tovar, Carlín, no es el único caso que involucra a miembros de esta casa editora. César Romero, editor de la página Judicial, y Rosa María Palacios, columnistas de nuestro medio, también sufrieron el encono y el acoso a sus actividades periodísticas.
El editor César Romero Calle fue objeto de videovigilancia y seguimiento en la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. “El comunicado de la Policía anunciando acciones penales contra La República por una caricatura de Tovar, que expone de forma satírica la corrupción policial, se suma a la decisión del Ministerio Público de investigarnos y ordenar un seguimiento y videovigilancia policial por informar sobre un presunto acto irregular protagonizado por el ex fiscal del caso Cuellos Blancos del Puerto, Andy Rodríguez”, dice Romero.
“En ambos casos se considera que las publicaciones buscan afectar o evitar que las instituciones cumplan su función. Un planteamiento absurdo, falso e imposible. El periodismo en y desde La República solo busca informar y llamar la atención, sea con un artículo o una caricatura, para que la sociedad o las instituciones corrijan malas prácticas. La autoridad no debe utilizar su poder para prohibir y perseguir la libertad de expresión. Eso afecta la democracia y nos lleva a un estado policíaco”.
La periodista Rosa María Palacios, quien ha sufrido persecución y hostigamiento de grupos extremistas apoyados por algunos poderes del Estado, afirmó que el comunicado de la PNP muestra que no tienen sentido del humor y pensamiento crítico.
“La misma Policía ha informado que tenemos policías integrantes de bandas y efectivos coimeros. ¿Eso quieren que respetemos? Hay policías decentes, pero no parece que son la mayoría”. Dijo que es una realidad que la policía está vinculada al delito y “lo que hace un caricaturista es un editorial”.
El comunicado PNP “amenaza a la libertad de expresión por decir una realidad que sale en todos los periódicos”, indicó.
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Para Carlín, el comunicado de la PNP en respuesta a la caricatura pretende atentar contra su libertad de expresión. “Quedará en intento, porque no lo van a conseguir”, añadió.
Carlín explicó que su caricatura ha querido reflexionar sobre el hecho de que, a diario, se ve a delincuentes disfrazados de policías y a policías en actividad que también cometen delitos. “Eso es algo innegable, sale en los medios y no se puede tapar el sol con un dedo. Es una situación de inseguridad tremenda”, consideró.
Dijo que si bien el comunicado de la PNP está “equivocado”, es de agradecer la publicidad que le han hecho a su trabajo porque la caricatura “está rompiendo récords de vistas”.
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“La PNP es la institución tutelar de la caricatura”, ironizó.
Colegas y gremios periodísticos mostraron su solidaridad con Carlín. Lucho Rossell, Diego Avendaño y Andrés Edery son algunos de los caricaturistas que han compartido sus viñetas en las que también, con acidez, cuestionan el trabajo policial.
Ayer otras organizaciones se sumaron al rechazo a la amenaza de demanda por parte de la PNP. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró “desmedida la reacción de la Policía de Perú ante una caricatura periodística que cuestiona, desde el humor, la honestidad con que su personal ejerce su función”. Amnistía Internacional instó “a las autoridades a garantizar el derecho a la libertad de expresión. Recordamos que el uso del sistema penal para impedir críticas puede vulnerar este derecho”. Y el relator especial de la Comisión Interamericana de DDHH, Pedro Vaca, dijo que una caricatura no afecta la “imagen institucional”. “Cuando el humor preocupa a la autoridad es porque la reflexión que se quiere provocar es relevante”, señaló Vaca.
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El abogado penalista, Roberto Pereira, explicó que la caricatura de Tovar es un “mensaje protegido” por la libertad de opinión y aborda “un asunto de altísimo interés público como lo es la corrupción policial”. En ese sentido, señaló que “la de la PNP es una reacción desproporcionada, torpe e ilegal por recurrir a la amenaza”.
Recordó que la crisis policial es un asunto que es de permanente cobertura en los medios de comunicación y que, al mismo tiempo, existen estudios que demuestran el nivel de corrupción en la institución. Desde ese punto de vista, aseguró que la caricatura que despertó el malestar de la PNP “tiene una base fáctica”.
“Se puede estar en contra del mensaje, pero eso no habilita para recurrir a acciones legales que lo que pretenden es amedrentar”, dijo Pereira.
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Precisión. El investigador Marcel Velásquez indicó ayer que “la caricatura, como todo arte, no es la realidad, sino una representación crítica con parodias, sarcasmos e hipérboles. El dibujo de humor siempre ha cuestionado al poder y sus instituciones tutelares. Solidaridad con Carlín”. Como él, intelectuales, periodistas y dibujantes dieron respaldo a la creatividad del buen Carlín.
Rosa María Palacios, periodista y abogada
“Lo que hace un caricaturista es un editorial. Y el comunicado PNP amenaza a la libertad de expresión, por decir una realidad que sale en todos los periódicos. La PNP carece de una lectura legal, eso no es difamación aquí y en ninguna parte del mundo”.
César Romero, periodista
“El periodismo en y desde La República busca informar y llamar la atención, sea con un artículo o una caricatura, para que la sociedad o las instituciones corrijan malas prácticas. La autoridad no debe usar su poder para prohibir y perseguir la libertad de expresión”.