Tribunal Constitucional: nuevo voto en intento de blindaje de Patricia Benavides

El Tribunal Constitucional (TC) dispuso que su nuevo magistrado, Pedro Hernández, elegido por el Congreso el mes pasado, vote la demanda competencial de la suspendida fiscal Patricia Benavides contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con que intenta blindarse, pese a que el flamante integrante de este fuero no participó de la audiencia del caso, que se realizó a inicios de noviembre.

El pleno del TC aprobó el 21 de diciembre último, una semana después de que el Parlamento eligiera a Hernández, que este se aboque a casos que habían tenido audiencia púbica. Inmediatamente, el presidente del Tribunal, Francisco Morales Saravia, precisó que se dedique a la demanda competencial que planteó Patricia Benavides contra la JNJ.

Con este recurso, la entonces fiscal de la Nación buscaba que el TC anule procesos que la Junta le había iniciado por desmantelar el equipo del caso Cuellos Blancos y destituir a la fiscal que investigaba a su hermana, entre otros cuestionables actos. Benavides alega que la JNJ procedía “partiendo de incorrectos criterios interpretativos, que menoscaban las competencias” de la Fiscalía.

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Se necesitan cinco votos a favor para que el TC pueda declarar fundada una demanda competencial. Es decir, en este caso, para que gane Benavides.

Hasta diciembre último, el TC tenía solo seis magistrados y faltaba uno. Con la llegada de Hernández, ya está completo.

Sin embargo, las alertas saltan al considerar que estas disposiciones se alinean a favor de Benavides. Los grupos políticos afines a la suspendida fiscal son lo que han puesto en el TC a los magistrados que hacen un bloque hacia la derecha, donde destacan Morales Saravia, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez Ticse. Ahora se suma Hernández.

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Aunque la demanda de Benavides llegó en agosto del año pasado y la audiencia fue el 2 de noviembre, el TC no ha resuelto el caso. En ese ínterin, el Congreso designa a Hernández y Morales lo suma como un voto más al caso pendiente de Benavides.

Hernández hasta hace poco fue asesor de Gutiérrez, otrora abogado del partido Renovación Popular, que lidera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. El burgomaestre condecoró a Benavides, pese a ser un investigado por la Fiscalía. Gutiérrez también ha sido conferencista del grupo ultra La Resistencia, que vitorea a favor de Benavides.

“Es evidente la maniobra. Viola el principio de inmediación, garantía de conocer previo a la vista de la causa quiénes serán los jueces para poder solicitar su apartamiento por posible conflicto de interés”, dice una fuente especializada cercana a los casos de la suspendida fiscal.

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Otros especialistas perciben usual una decisión como esta.

“Eso es posible. Obviamente, Hernández debe ponerse en autos sobre la demanda, su contestación y revisar lo dicho en la audiencia. Esto suelen hacer los tribunales porque ahora incluso, como todo queda grabado, se puede facilitar esto con la intención también de poder resolver”, aduce el abogado constitucionalista Erick Urbina, profesor de la Universidad de Lima.

El TC inicia cargado el año.

 En su sesión de este lunes 15, escuchó al magistrado Manuel Monteagudo sustentar su pedido de anular la resolución que ordenó liberar al expresidente Alberto Fujimori el mes pasado sin consultar a todo el pleno ni considerar la justicia internacional. No hubo pronunciamiento.

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Si a la salida del exdictador se suma un blindaje a Benavides, este TC podrá competir con el actual Congreso en desprestigio.

Parece una Intervención forzada

Enfoque. Antonio Maldonado, exprocurador

Puede producirse una violación del principio de inmediación procesal, que exige la intervención del juez (en este caso, constitucional) con información de calidad obtenida en una audiencia (recepción de pruebas, alegato de las partes, información de testigos,etc.). Por la trascendencia del caso (la demanda competencial de la Fiscalía contra la JNJ) y antecedentes cuestionados del nuevo magistrado, su intervención puede aparecer forzada, con un criterio preconcebido y obedeciendo instrucciones que vulneran el principio de independencia e imparcialidad y, por lo tanto, vulnerando el debido proceso, como estándar internacional de derechos humanos (artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Parece una Intervención forzada

Enfoque. Ernesto de la Jara, abogado y profesor de la Universidad Católica (PUCP)

Ya el nombramiento de Pedro Hernández es cuestionable, tanto por el proceso poco transparente y participativo, como una trayectoria que no garantiza independencia, algo en común con casi todos los otros magistrados del actual TC. Permitir que un magistrado que no ha estado en la audiencia del caso vote no solo atenta contra principios jurídicos como inmediatez o buena fe, sino va contra el sentido común. Así como se creyó que tenían derecho de decidir la libertad de Alberto Fujimori, desacatando a la Corte Interamericana, ignorando votos de quienes tenían el derecho a estar presentes , quieren resolver con participación de un ausente. Grave precedente. Sería indefendible fallar a favor de la fiscal Patricia Benavides en una demanda competencial que cuestiona el meollo de una de las atribuciones de la Junta Nacional de Justicia: investigar y sancionar a jueces y fiscales. Demostraría la incondicionalidad del TC al actual poder político. Hacerlo con Hernández ya sería un abuso del derecho que terminaría por deslegitimar de manera irreversible a este TC.

Datos

• Indicios. El magistrado Pedro Hernández, exasesor de Gutiérrez, fue elegido con especial respaldo del fujimorismo y sus aliados en el Congreso.
• Pendiente. El pedido para anular la resolución que favoreció a Alberto Fujimori no se votó. Se prevé que se dilatará.