El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, nombró como asesor al abogado y excongresista Heriberto Benítez, acusado de corrupción que enfrenta un pedido de prisión de la Fiscalía por el caso La Centralita, vinculado al exgobernador de Áncash César Álvarez.
Morales Saravia, que asumió la presidencia del TC el 2022 tras ser elegido por el actual Congreso, dispuso que Benites sea asesor jurisdiccional III del Gabinete de Asesores Jurisdiccionales de esta entidad, según indica la resolución de nombramiento, emitida el último miércoles 10 de enero.
Benites ha sido acusado por la Fiscalía de los delitos de asociación ilícita para delinquir, encubrimiento real y resistencia a la autoridad por el caso La Centralita. Se le sindica haber integrado la red de corrupción que tuvo el entonces gobernador César Álvarez y de haber interferido en el 2011 en el allanamiento a un local en la ciudad ancashina de Chimbote, donde se considera que se realizaban campañas contra de los opositores y críticos a la entonces autoridad.
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La Fiscalía pide que Benites reciba pena de 30 años de cárcel.
El caso de La Centralita está ahora en la etapa de alegatos finales en el juicio. El próximo lunes 29 de enero, debe realizarse la audiencia judicial para que Benitez exponga su última defensa.
Antes de asumir este cargo en el TC, Benites era asesor del congresista Enrique Wong, de la bancada de Podemos Perú. Wong integró la Comisión Especial que aprobó los candidatos al TC en el Parlamento. Con sus votos, Morales Saravia llegó a ser el postulante favorito en este proceso.
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Beintes además ha sido socio del abogado Rodolfo Orellana, preso por casos de crimen organizado.
Antes, fue abogado del expresidente Alejandro Toledo hasta el 2019. Dejó esta defensa para postular al Congreso por Podemos Perú en las elecciones congresales del 2020 y no fue elegido.
Morales y Benites habrían trabajado juntos en los noventa en que el primero lo habría apoyado, según fuentes vinculadas a casos que el excongresista defendió en aquellos años.
El 2015, Heriberto Benítez fue suspendido por 120 días por el Pleno del Parlamento, por sus gestiones para evitar el allanamiento de fiscales en La Centralita en el 2011. En esa oportunidad, Benítez vivía en el tercer piso de dicho inmueble, donde funcionaba un centro de escuchas ilegales a los opositores del exgobernador César Álvarez.