La asesora principal de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se pronunció luego de la liberación de Alberto Fujimori. La experta expresó su rechazo a la medida adoptada por el Tribunal Constitucional (TC) del Perú, desde donde se continuó con la libertad del exdictador; a pesar de la negativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jo-Marie Burt utilizó sus redes sociales para indicar que las acciones de las autoridades peruanas, ahora ponen a nuestro país a la par con Venezuela y Nicaragua por incumplir recomendaciones internacionales.
"Tuvieron que desmontar la democracia en el Perú para lograr la liberación de Alberto Fujimori. Ahora, internacionalmente, Perú está a la par de países como Venezuela y Nicaragua que salieron del sistema interamericano o lo desacatan abiertamente", escribió.
Cuando se conoció la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la liberación inmediata de Alberto Fujimori, condenado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, emitió una resolución adoptando medidas urgentes, requiriendo al Estado peruano no ejecutar dicho fallo hasta que puedan determinar si cumple con las condiciones que estableció en abril del 2022.
El máximo representante de la Corte IDH tomó la decisión para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que fueron ejecutados por el Destacamento del Ejército Colina y por los cuales el exmandatario fue condenado como autor mediato.
En un documento de seis páginas, que fue notificado al Estado, requerían que "se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la 'inmediata libertad' de Alberto Fujimori Fujimori; sin embargo, pese a los pedidos y recomendaciones, el Estado peruano optó por brindarle a Fujimori la libertad.
Alberto Fujimori fue sentenciado el 7 de abril de 2009 a una condena de 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como también por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, luego del autogolpe ocurrido en 1992. Se ordenó entonces una reparación civil, tampoco cancelada, por una suma de 1.060.400 soles.
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Alberto Fujimori es reconocido como un exdictador luego del autogolpe del 5 de abril de 1992, en donde cerró inconstitucionalmente el Congreso, asumió junto a su asesor Vladimiro Montesinos el control total de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Por tanto, su implicancia en los delitos no está en tela de juicio. “Este tribunal declara que los cuatro cargos se encuentran probados más allá de toda duda razonable y la sentencia es condenatoria”, indicó el juez César San Martín, quien lideró el proceso.