Harold Forsyth: “200 años de historia diplomática basada en el respeto a los tratados se han ido al tacho”

El exrepresentante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Harold Forsyth advirtió que la excarcelación de Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al Estado que se abstuviera de ejecutarla, coloca al Gobierno de Dina Boluarte “fuera de la ley internacional”.

—¿En qué situación queda el Perú en el sistema interamericano luego de la excarcelación de Alberto Fujimori? El presidente de la Corte IDH había pedido al Estado peruano que se abstuviera de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

—Es correcto. El presidente de la Corte IDH se había pronunciado en un sentido consecuente con la posición de la propia Corte, que es solicitarle al Estado peruano que se abstenga de ejecutar el indulto. Haciendo caso omiso se ha procedido a liberar a Alberto Fujimori y esto hace que el Perú termine entrando en una situación muy compleja en el escenario internacional.

—¿Qué tan compleja?

—Hay que entender que la Corte IDH es una de justicia y nadie puede escapar a las sentencias de una corte. La Corte IDH es parte del ordenamiento jurídico del Perú. Lo que determinados sectores del Perú no informados, incluso de la prensa, piensan que se trata de gente que se inmiscuye en nuestros asuntos, pero nada más equivocado por no decir falso. La Corte IDH responde a la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual el Perú es signatario. Y esa convención es ley peruana de rango constitucional. Por supuesto que hay estados nacionales que les puede no gustar las posiciones que asuma la Corte, pero la gran mayoría de países de la región hemos decidido someternos para garantizar los derechos de las personas frente a los Estados. El mismo sistema existe por ejemplo en Europa. La misma Dina Boluarte, siendo vicepresidenta, presentó una cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando este Congreso quería vacarla. Su abogado era el hoy premier, Alberto Otárola. Las consecuencias de esto son las mismas que puede enfrentar cualquiera que se resiste a una orden judicial.

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—Bueno, pero si yo me resisto a una orden judicial, me meten a la cárcel.

—Claro, la Corte no tiene esa capacidad coercitiva.

—Eso quiero decir.

—Lo que pasa es que la Corte tiene un prestigio y un peso enorme en las Américas y en el mundo. Además, en Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Bélgica, el tema de los derechos humanos es central. Y los propios organismos privados de derechos humanos son muy respetados en el mundo. Lo que quiero decir es que el Perú entra en un retroceso enorme en materia de derechos humanos con un historial reciente muy negativo que, con esto, se reactualiza. Y eso hará que las concomitancias con los gobiernos sean muy grandes, con Estados Unidos concretamente y con otros gobiernos en América Latina.

—No faltará quien argumente que Estados Unidos no forma parte de la Convención Americana.

—Claro, pero esa es una decisión original de Estados Unidos que responde a su propio interés. No es que Estados Unidos firmó y se echó para atrás después. Simplemente no es miembro, como tampoco lo es de la Corte Penal Internacional, en La Haya. Eso no quita sin embargo que sea un país sea muy celoso en materia de derechos humanos. A partir de ahora, el Perú entra en una etapa de ostracismo internacional mucho mayor. El Gobierno tiene esa frase tan cacareada de que el Perú está de vuelta. No, no está de vuelta.

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—¿Está peor?

—Está peor. 200 años de historia diplomática basada en el respeto a los tratados se han ido al tacho en un minuto. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de la que el Perú es parte, ningún país puede invocar el derecho interno para incumplir un tratado. Porque si no basta que un país diga que su corte de justicia dice tal cosa para no hacer caso. Tengo que discrepar de mi amigo Javier González Olaechea (canciller) cuando dice que la ejecución del fallo del Tribunal Constitucional no afecta a los compromisos internacionales del Perú. Eso es una contradicción evidente.

—El canciller y el ministro de Justicia dijeron que el Perú ratifica su adhesión a la Convención Americana. ¿Qué piensa?

—Huelgan comentarios. El Perú se ha colocado fuera de la ley internacional y convivir con eso va a ser muy difícil especialmente para una presidenta que lo que le gusta precisamente es circular por el mundo y, seamos realistas, disfrutar de las mieles del poder para lo que no ha hecho ningún sacrificio… Dicho sea de paso, yo mismo dije que se justificaba el viaje a la cumbre de APEC porque, técnicamente, el Perú será sede el año que viene, lo que no significa que las salidas al exterior de Boluarte dejen de ser inconstitucionales. Ahora, en estas circunstancias, ¿quién en el mundo va a prestar su nombre para asociarse a un Gobierno que está fuera de la ley internacional? Con esto no estoy exagerando. Estoy simplemente diciendo la verdad. Es lo mismo que le pasa a Nicaragua, que está fuera de la ley. Y es lo mismo que le pasa a Venezuela. Venezuela se salió de la OEA, Nicaragua está en trámite de salirse.

—¿Por qué un Gobierno que lo que ha buscado es legitimación internacional, a falta de apoyo interno, tomó una decisión así de ir en contra de un tratado?

—Hay una frase divertida de Valle Riestra: “Hay quienes han preferido la quincena a la historia”. Para el Gobierno, mantener esta relación de dominación-dependencia con el Congreso es absolutamente vital. Se asume que eso tiene relación con su supervivencia. Posiblemente, el Gobierno pensó que impedir que se ejecutara el fallo del TC podría acarrearle una reacción muy adversa con el Legislativo. El gobierno, voluntariamente, se ha convertido en una oficina administrativa del Congreso.