Nueve regidores presentaron una solicitud al alcalde de Trujillo para que convoque a una nueva sesión extraordinaria, en la que debatirán su suspensión. Esto, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad sentenciara en junio a una pena de 1 año de prisión suspendida al burgomaestre Arturo Fernández.
Durante la sesión de concejo municipal, del lunes 31 de julio, los regidores rechazaron una adhesión de solicitudes de suspensión contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán.
Con 10 votos en contra y 5 a favor, los regidores rechazaron aprobar dicha adhesión, lo que llevó a Fernández Bazán a tomar la decisión de finalizar la sesión. Ahora se espera que el alcalde convoque a una nueva sesión en los próximos días, con un límite máximo de plazo hasta el 8 de agosto, para debatir la posible vacancia del burgomaestre.
El documento enviado por los regidores pide lo siguiente: “Le solicitamos que, en el plazo inmediato, convoque urgentemente a sesión extraordinaria para debatir la suspensión del cargo de alcalde promovido en su contra, según los expedientes de la referencia, teniendo en cuenta que el plazo máximo para que el concejo provincial se pronuncie sobre el particular tiene fecha el 8 de agosto del año en curso".
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Por su lado, el regidor Jorge Vásquez Tirado afirmó que, de no convocar a sesión para debatir la suspensión del burgomaestre, los mismos consejales la pueden realizar. "Si él no llama a la sesión hasta el 8 de agosto, nosotros tenemos el poder de llamar a una sesión extraordinaria a todos los regidores notificándolos, además que la ley orgánica de municipalidades nos lo permite", afirmó el consejal.
Asimismo, refirió que la suspensión del burgomaestre es un hecho y al resistirse a salir está desperdiciando el tiempo que puede ser utilizado para iniciar obras. “Está más que cantada la salida del alcalde Fernández, estamos desperdiciando el tiempo de gestión que tiene él a cargo de la MPT, ya que ya se tiene la sentencia en segunda instancia confirmada, por lo cual debe ser inhabilitado por Servir”, añadió Vásquez Tirado.
Por último, afirmó que no hay área que priorizar, puesto que todas necesitan ser atendidas con urgencia. "Todas las áreas están abandonadas, Omaped tiene un presupuesto de casi 2 millones y ejecutadas el 13%; emergencias tiene 3 millones 200.000 y solo se ejecutó el 13%; programa sociales, que tiene alrededor de 7 millones, solo el 10 %, y seguridad ciudadana es la vergüenza del alcalde porque solo gastó el 7%, teniendo un presupuesto de 7 millones", enfatizó Vásquez.