Proceso. La petición de la fiscal federal Stephanie M. Hinds para revocar la libertad bajo fianza de Alejandro Toledo, a fin de extraditarlo al Perú, se evaluó en una audiencia presidida por el juez Thomas S. Hixson este 9 de marzo. El Departamento de Justicia también pidió que el expresidente, con orden de prisión preventiva por los casos Odebrecht e Interoceánica, sea enviado a la agencia federal de la Policía estadounidense, el Servicio de los Marshall. Sin embargo, la defensa de quien fue fundador de Perú Posible presentó una serie de recursos para impedir su retorno al Perú. Hixson decidió esperar el fallo del tribunal de apelaciones, conocido en Estados Unidos como Noveno Circuito.
El juez Hixson esperará la decisión del Noveno Circuito, tal como lo anunció al principio de la sesión.
Gobierno de Estados Unidos pide que Toledo vuelva a la cárcel, a la espera que el de Perú vaya a recogerlo.
El juez Hixson espera que el Gobierno del Perú accione de inmediato apenas el Noveno Circuito resuelva la petición de suspensión de la extradición.
"Si eso ocurre no debería tomar semanas. No necesitaríamos otra audiencia si (el fallo) es negativo, solamente procederíamos", agregó.
La abogada pública de ATM Tamara Crepet postuló una situación ideal, en la que Toledo Manrique no volvería a ser enrejado sino hasta que la delegación peruana a cargo de su repatriación acuda a la Bahía de San Francisco.
En respuesta, la defensa del expresidente sugiere que no hay riesgo de evación a la justicia. Piden esperar a que el Noveno Circuito brinde postura sobre la apelación.
Además, solicitan que arresten a Toledo Manrique cuando las autoridades peruanas viajen para detenerlo.
Quien preside la sesión tiene la "idea tentativa" de no accionar sobre la moción al Departamento de Estado mientras el Noveno Circuito no resuelva la apelación.
Además de la presencia de Toledo Manrique y su esposa, Eliane Karp, integran la sesión el juez Thomas S. Hixson, los fiscales Rebecca Haciski y Kyle Waldinger, las abogadas públicas de ATM Mara Goldman y Tamara Crepet, y el oficial de servicios prejudiciales Anthony Granados.
En conversación con TV Perú, el abogado penalista James Rodríguez se refirió al recurso propuesto por la defensa de Alejandro Toledo. A su juicio, la medida cautelar "no tiene mayor fundamento". "El proceso está concluido", sentenció.
El 2 de marzo, Martin Carnoy, William L. Clayton, Francis Fukuyama y Steven Levitsky (en imagen) pidieron a Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, suspender la extradición del expresidente peruano. En última instancia, Blinken tiene la última palabra al gestionar materia de política internacional.
En el escrito no se hizo mención a la investigación por el caso Odebrecht y la Carretera Interoceánica.
Foto: difusión.
La intensión de la defensa del expresidente al demandar al Departamento de Estado de Estados Unidos es declarar inconstitucional la extradición mediante el levantamiento de la libertad bajo fianza, pero esta medida solo ralentizaría su regreso al Perú, pues la disposición es irrevocable.
Foto: difusión.
Encargados de la demanda contra el Departamento de Estado de Estados Unidos, los abogados Bowker y Quigley del estudio Hale & Dorr and WilmerHale argumentan que una "extradición a Perú en estas circunstancias equivale muy probablemente a una condena a muerte preventiva (...) el Dr. Toledo es un hombre de 77 años que sufre serios problemas de salud mental y física. Es poco probable que sobreviva en las duras condiciones de detención preventiva el tiempo suficiente para ver el interior de una sala de justicia peruana”.
Foto: Archivo GLR.
Este medio de comunicación tuvo acceso a la "demanda de medidas cautelares y de reparación” interpuesta en el caso de la extradición del expresidente.
En el escrito se lee: "El hecho de que el Departamento no haya otorgado al Dr. Toledo estas garantías mínimas conforme a la Cláusula del Debido Proceso lo ha privado de su libertad sin el debido proceso legal y, por lo tanto, viola la Quinta Enmienda de la Constitución”.
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Fueron dos habeas corpus, uno a la Corte de California en segunda instancia, a cargo de la abogada de oficio Jodi Linker, y otro contra el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este último es el más reciente, y fue interpuesto por los letrados Kelsey Quigley y David Bowker, pertenecientes al estudio jurídico Wilmer Cutler Pickering Hale And Dorr LLP. Ambos buscan suspender la orden de repatriación con un proceso civil, argumentando más de 50 supuestas afectaciones al derecho de defensa y el debido proceso en el caso del exmandatario. Según Toledo Manrique, estaría dispuesto a entregarse una vez se agoten las apelaciones.