La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió investigación, por el presunto delito de colusión agravada, contra el primer ministro, Alberto Otárola; el titular de Trabajo, Alfonso Adrianzén; y la asesora II del despacho ministerial de esa cartera, Carola Rodríguez. La sospecha inicial fue la contratación de la excuñada del jefe del gabinete en el MTPE.
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El 21 de enero, Adrianzén nombró a Rodríguez en el puesto con un sueldo de 15.500 soles. Un primer nexo entre Otárola y la asesora fue expuesto por el semanario Hildebrandt en sus trece. Rodríguez es tía del hijo de Otárola, Luis Eduardo. Al ser descendiente de quien preside la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debería estar registrado en la declaración jurada de intereses, pero no es así.
La oficina de Otárola le respondió a la revista de César Hildebrandt que “los funcionarios públicos no están obligados a declarar a sus hijos menores de edad”; sin embargo, Luis Eduardo tendría 22 años.
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Más lejos en el tiempo, el vínculo entre Otárola y Adrianzén recae en sus tiempos como titular de Defensa, en el primer gabinete de Dina Boluarte. Tres días después de que la primera mandataria asumiera, Otárola nombró como jefe del Gabinete de Asesores a Adrianzén. Luego, ya como titular de la PCM, lo designó como su secretario general.
Esa es la evidencia preliminar que maneja la prensa. El Ministerio Público deberá encontrar otras pruebas fehacientes.
Otárola aclaró que no intervino en la designación de Carola Rodríguez, pues sostuvo que no mantenido contacto con ella desde “hace varios años”, pero afirmó que es “una profesional destacada”.
Por su parte, Adrianzén manifestó que no “recibió ninguna indicación o recomendación del premier” para designar a Rodríguez.