En un aviso por redes sociales, la Contraloría General de la República se pronunció con respecto a la ley de reforma constitucional que modifica la legislatura actual sobre el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, que fue aprobada en primera votación por el Congreso, en enero de este año. De ser admitida esta medida, la entidad podrá revisar las cuentas de funcionarios públicos investigados por casos de corrupción.
“Consideramos necesario invocar al Congreso de la República a aprobar, en esta legislatura, la segunda votación que permita garantizar los resultados del control en resguardo de los recursos de todos los peruanos”, señalaba el comunicado difundido por la cuenta oficial del organismo autónomo.
Además, en el aviso se explica que esta medida, que fue aprobada en primera instancia por 99 votos, es una herramienta eficaz “para profundizar y sustentar las investigaciones a malos funcionarios en los niveles de gobierno nacional, regional y local”.
Este comunicado surge luego de que la actual legislatura, al mando de Maria del Carmen Alva, decidiera extenderse hasta el 8 de julio. La Contraloría espera que en estas tres semanas restantes se pueda dar voto a la modificación del inciso cinco del artículo dos de la Constitución.
No obstante, este proyecto de ley —que podría apoyar a que la entidad realice una alerta oportuna de los actos de corrupción de funcionarios— tiene sus detractores, como es el caso del congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, quien planteó una consideración durante la votación del 21 de enero, y de Patricia Juárez, quien presentó un texto sustitutorio a dicha reforma.
La contraloría advirtió que la modificatoria de esta ley permitirá detectar casos de corrupción con más eficacia. Foto: Contraloría General /Twitter.
El último martes 14 de junio, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, emitió un decreto anunciando que su período a cargo del Legislativo y el de su Mesa Directiva se mantendrá hasta el 8 de julio de este año. Con este decreto, la presidenta del Parlamento extiende su mandato durante tres semanas más.
Esta medida fue comprendida por el Decreto de Ampliación de la Convocatoria de la Segunda Legislatura Ordinaria y ampliará dictámenes y proyectos de ley incluidos en la Agenda del Pleno del Congreso hasta el 15 de junio, fecha en la que debía acabar la legislatura original.